La Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) han manifestado este lunes su rechazo al decreto 4231 porque establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión».
«Un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución (…) que garantizan el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión», han subrayado estas organizaciones.
El decreto también vulneraría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El decreto aprobado el 7 de mayo señala que «las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo (sobre la cuarentena) o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal».
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ha emplazado este lunes a los periodistas a estar «tranquilos» porque para ellos rige la Ley de Imprenta y no el Decreto, por lo que quienes deben estar preocupados son quienes tratan de confundir a la población y enfrentar al país con mensajes en redes sociales.
Sin embargo, desde ANPB y ANLP recuerdan que la Ley de Imprenta de 1925 señala claramente que no se trata de una ley exclusiva para los periodistas, sino que «todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley».
Las asociaciones de prensa recuerdan que «en el tercer periodo del expresidente Evo Morales también rechazamos el intento de penalizar el derecho a la libertad de expresión cuando se pretendió, sin fundamento, aprobar un nuevo Código Penal que hubiera arrasado con el derecho a la liberta de expresión y con nuestras normas legales y de autorregulación».
El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, Luis Arce, ha denunciado también este «nuevo atentado a las libertades democráticas en nuestro país» y ha exigido su anulación inmediata.
Por su parte, el también candidato presidencial Carlos Mesa, aliado político de Áñez, ha tachado la norma de «autoritaria, que vulnera derechos constitucionales fundamentales en nuestra sociedad».
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