Los líderes de la protesta en Colombia convocaron para el miércoles a la segunda huelga general en menos de una semana contra el gobierno de Iván Duque, que pese a su oferta de diálogo no logra desactivar el descontento social que ya deja cuatro muertos.
«Hoy tendremos movilizaciones, cacerolazo al mediodía, velatón [protesta con velas] y cacerolazos por la noche, paro el día de mañana», anunció Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos.
El dirigente encabezó la primera reunión entre el gobierno conservador y algunos sectores de la protesta en la sede presidencial, que concluyó sin acuerdos.
Miles de personas se manifiestan a diario y hacen sonar cacerolas desde el pasado jueves, cuando una primera huelga derivó en la mayor movilización que haya enfrentado gobierno alguno desde finales de los setenta.
La víspera murió un estudiante de 18 años herido el sábado por la fuerza policial antidisturbios (Esmad). El caso de Dilan Cruz -agredido por uniformados en el centro de Bogotá- encendió más el rechazo entre el movimiento estudiantil, que ahora pide la disolución del Esmad.
Durante la jornada hubo marchas y en la noche se organizó un encendido de velas de repudio.
Es en «contra de toda la violencia del Estado que hemos venido sufriendo. Volvemos a llamar al paro para que esto tome más fuerza porque los estudiantes no queremos seguir siendo asesinados», dijo a AFP Angie Cagua, una universitaria de 25 años.
En Medellín hubo dos concentraciones masivas sin presencia del Esmad. Y en Bogotá estallaron choques con esa fuerza antidisturbios en las afueras de la Universidad Nacional.
En su mayoría pacíficas, las protestas han dejado sin embargo cuatro muertos, unos 500 heridos entre civiles, policías y militares, además de 172 detenidos y 60 venezolanos expulsados por «actos vandálicos».
Este martes un policía quedó gravemente herido con «un artefacto explosivo no convencional» durante una manifestación en Neiva (centro), según información oficial.
«Esmad seguirá»
Pese a los dardos, el gobierno cerró filas en torno al Esmad al asegurar que se rige con procedimientos consentidos por Naciones Unidas.
«Seguirá garantizando la seguridad de los colombianos», dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró hablar a nombre del presidente.
En medio de la ola de protestas que ha recorrido el continente sin un factor común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque y su impopular gobierno de 15 meses. Casi siete de cada diez colombianos desaprueban su gestión, según una encuesta de Invamer en noviembre.
El domingo el presidente instaló un «diálogo social» frente a la avalancha de reclamos que se han venido incubando y silenciados durante décadas por el ruido del conflicto armado con la exguerrilla FARC.
«Somos una generación que ha tenido que crecer realmente viendo cómo nuestros padres sufren para luchar, para conseguir un mínimo. La educación pública para nosotros también es limitada y muchas veces pedir un préstamo es muy complicado», señaló a AFP Ivonne Garay, estudiante de Sicología de 23 años.
Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.
También los colombianos han hecho sentir su rechazo al rebrote de la violencia financiada por el narcotráfico en varios puntos, y al incumplimiento o retraso del acuerdo de paz con las FARC, convertida en partido en 2017.
«La impaciencia ciudadana es grande, el reclamo ciudadano es grande (…), pero también es muy importante entender que los gobiernos no pueden ni ser promeseros, ni los gobiernos tienen varitas mágicas con las que se producen soluciones milagrosas e inmediatas», admitió Duque el lunes.
Diálogo en veremos
Los líderes de la protesta no confirmaron si continuarán en las conversaciones ante la insistencia de Duque de ampliar el diálogo a sectores que no se están movilizando.
Este martes presentaron una plataforma variopinta de 13 pedidos que van desde el retiro de una reforma tributaria hasta el compromiso de no privatizar bienes estatales, pasando por desactivar supuestas iniciativas para flexibilizar el mercado laboral y las pensiones.
El «diálogo social» se desarrollará hasta el 15 de marzo a nivel nacional y regional para hablar de lucha anticorrupción, desempleo, «crecimiento económico con equidad», educación, fortalecimiento de instituciones, paz y medio ambiente.
«Cuando quieran ellos sentarse en cualquiera de las mesas temáticas para esos ejes temáticos, por supuesto que están siempre bienvenidos», dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Al final, se buscará consolidar un paquete legislativo, iniciativas de políticas públicas y que las inquietudes sean incluidas en los planes de desarrollo de los alcaldes que asumen en enero.
