El exministro de Justicia Sergio Moro ha hecho balance de su gestión y ha reconocido que «tal vez podría haber aumentado más profundamente su oposición» a la controvertida ley que flexibiliza el uso y tenencia de armas en el país, uno de los temas recurrentes del presidente, Jair Bolsonaro, durante la pasada campaña electoral.
Si bien se ha mostrado partidario de agilizar los trámites para poder tener acceso a las armas, Moro ha matizado que «en cierto punto» esta flexibilización puede llegar a generar un problema y una amenaza «peligrosa» para el orden público, ya que «pueden ser desviadas hacia el crimen si no hay un seguimiento adecuado».
Moro ha explicado que aunque él no tenía la última palabra en relación a este asunto, «tal vez podría haber aumentado más profundamente su oposición en este sentido».
«Como ministro, incluso si tiene reservas sobre ciertos temas, no puede objetar públicamente de todo, y mi enfoque se centró principalmente en avanzar en la política anticorrupción y en los últimos meses preservar la autonomía de la Policía Federal», ha alegado.
No es la primera vez que Moro aborda esta situación desde que salió del Gobierno por sus diferencias con Bolsonaro. A principios de mes, aseguró que la intención del presidente de Brasil de flexibilizar la legislación de posesión de armas para «promover una rebelión armada», aprovechando las protestas contra las restricciones por el coronavirus.
En una reunión con sus ministros celebrada a mediados de abril, llegó incluso a asegurar que quería armar a la población para evitar un golpe de estado que a su juicio estarían fomentando gobernadores y alcaldes con sus medidas de restricción para hacer frente a la COVID-19.
Bolsonaro, quien nunca ha ocultado su fervor por las armas de fuego, ha editado ocho decretos para agilizar y reducir las reglas para acceder a este armamento desde que asumió la gestión de Brasil, agarrándose a la inseguridad ciudadana que existe en el país.
Moro ha hablado para el canal de noticias de la red Globo, en donde también ha abordado otro de los puntos sensibles y en los que mostró su desacuerdo con el presidente Bolsonaro mientras era el titular de Justicia, la transferencia del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), al Ministerio de Economía.
El antiguo ministro de Justicia ha lamentado que después de que el COAF fuera «reestructurado» y «reforzado», el presidente decidiera transferir las competencias del organismo hacia el Ministerio de Economía, y por tanto al Banco Central, provocando a su vez la destitución del encargado que él había designado para dirigirlo.
«Terminé conformándome. Echando la vista atrás, creo que habría tratado de trabajar más internamente para mantener en la presidencia a mi candidato. No es que el actual no sea bueno, de hecho es muy competente, pero tampoco había razón para eliminar al que yo indiqué», ha dicho.
En su opinión, este movimiento del Gobierno «fue un debilitamiento de la política anticorrupción».
No obstante, Moro ha señalado que, si bien como trabajador público debe estar sujeto a críticas y «eventualmente reconocer los errores», su gestión al frente del Ministerio de Justicia fue positiva y se congratula al poder decir que intentó «hacerlo lo mejor posible».
Moro, quien fuera uno de los jueces artífices de lograr la entrada en prisión del expresidente de Brasil Lula da Silva por un supuesto caso de corrupción, pasó rápidamente a ser una de las apuestas más mediáticas de Bolsonaro durante su campaña electoral.
Sin embargo, la relación apenas duró unos meses, cuando en abril Moro optó por hacerse a un lado debido a las discrepancias irreconciliables entre él y Bolsonaro, a quien acusó de pretender entrometerse en la autonomía de la Policía Federal (PF).
Moro salió del Ministerio de Justicia después de que Bolsonaro destituyera al director de la PF Maurício Valeixo y denunció cómo el presidente brasileño estaría intentando hacerse con el control de la PF de Río de Janeiro, donde uno de sus hijos, Flávio, está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de dinero.
