La Cámara de Diputados de México ha aprobado este martes un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional para regular y monitorear todas las actividades de agentes extranjeros en el país, por lo que ya ha sido enviada al Ejecutivo para su entrada en vigor.
Con esta reforma, las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes de sus actividades, así como de la información que recopilen.
«Los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional», reza la nueva ley, informa ‘El Universal’.
Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con la de Seguridad y Protección Ciudadana y la de Defensa, resolverán la acreditación y la circunscripción territorial de cada agente, mientras que «las reuniones que sostengan con los agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad» y deberá estar presente un representante de la cartera de Exteriores.
En definitiva, los agentes extranjeros no tendrán inmunidad en México y tendrán que entregar al Gobierno la información que reúnan, así como presentar un informe mensual sobre sus movimientos.
El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard ha detallado que la ley persigue «codificar las obligaciones o limitaciones de agentes extranjeros que ya están en diversos ordenamientos», siguiendo el «principio de reciprocidad», es decir, «no se pide nada a lo que se pide a un agente diplomático mexicano en el exterior».
Por último, recoge «un ordenamiento al que los tenemos que sujetar los funcionarios de los tres ordenes de gobierno, «no puede haber convenios de estados o municipios que no sean de conocimiento del Gobierno», según las declaraciones de Ebrard recogidas por ‘El Universal’.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió este proyecto de ley al Senado –que también lo ha aprobado– después de la detención del exministro de Defensa Salvador Cienfuegos por cargos relacionados con el narcotráfico en suelo estadounidense, un arresto que causó sorpresa entre las autoridades mexicanas, que presionaron a Estados Unidos para que retirara los cargos y Cienfuegos pudiera ser juzgado en México.
Una ley que no ha siendo bien acogida en el vecino del norte, ya que incluso el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aseguró la semana pasada que estaba «preocupado», ya que podría poner en peligro la cooperación entre ambos países y beneficiaría a «las violentas organizaciones criminales y a otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente».
