Aproximadamente 105.000 migrantes o refugiados venezolanos han regresado al país caribeño desde Colombia y 6.000 desde Brasil en el contexto de la pandemia de la COVID-19, según ha revelado la Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe publicado este miércoles que recoge cifras oficiales.
El trabajo, ‘Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto de la COVID-19’, pone el foco en las «dificultades» a las que se enfrenta esta población y cómo se han incrementado «significativamente» a consecuencia de la pandemia.
Así, la OEA ha destacado que, desde marzo, las fuentes de ingreso de migrantes y refugiados venezolanos se han visto «sustancialmente afectadas», sobre todo porque «una porción mayoritaria y significativa de estas personas trabaja en el sector informal».
Según el trabajo, esta situación ha provocado que «miles» de familias hayan sido desalojadas y hayan perdido sus hogares y que «miles» de venezolanos hayan emprendido el camino de retorno a Venezuela.
El organismo ha reconocido que varios países de la región respondieron «rápidamente» a esta crisis y coordinaron esfuerzos para garantizar el retorno de esta población. En el caso específico de Colombia y Brasil, ambos habilitaron corredores humanitarios en los pasos fronterizos.
No obstante, el trabajo ha señalado que «el cierre intermitente y arbitrario de la frontera entre Colombia y Venezuela» y «la criminalización del migrante retornado», además del «los tratos inhumanos que sufren a su regreso», han agravado la situación de vulnerabilidad de las personas que retornan y esperan retornar a su país.
En este sentido, la OEA ha indicado que el Gobierno venezolano ha desplegado «múltiples acciones para estigmatizar, discriminar y criminalizar a las personas que retornan, violando el derecho a la honra y al reconocimiento de la dignidad humana».
«Las personas venezolanas que han buscado regresar a su país de origen han sido catalogadas como ‘bioterroristas’ y ‘armas biológicas’ por Nicolás Maduro y otras autoridades», resalta el informe, que también menciona «tratos crueles y degradantes».
«Las acciones y pronunciamientos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro violan de forma clara los principios de Derecho Internacional y los Derechos Humanos en ellos consagrados», ha manifestado David Smolansky, comisionado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos.
«La actuación de las autoridades atenta contra la dignidad de las personas venezolanas que han decidido retornar a su país, dejando en evidencia, una vez más, su carácter dictatorial, ilegítimo y criminal, que se alimenta de la opresión, manipulación e instigación al odio», ha agregado.
CESE DE LA DISCRIMINACIÓN
Por todo ello, y en base a la Constitución de Venezuela, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de la OEA insta al Gobierno venezolano a cesar la discriminación, estigmatización y criminalización de los venezolanos retornados. También que se garantice su libre entrada al territorio y su libre desplazamiento por el mismo.
Además, también pide declarar «la nulidad de todos los actos administrativos dictados en violación de la Constitución, los tratados internacionales y de los derechos humanos en ellos garantizados».
En este contexto, la OEA también ha reclamado investigaciones por «delitos de lesa humanidad» a todos los funcionarios públicos «que hayan ordenado y ejecutado dichos actos», que se indemnice a estas personas y que se establezcan «políticas de inclusión para revertir el daño causado».
Por último, el trabajo pide a la comunidad internacional «visibilizar la situación» y «condenar la respuesta» del Gobierno venezolano, además de unirse para «explorar» vías humanitarias para proteger a los venezolanos que pretenden regresar a su país. Según los datos que maneja la OEA, desde 2015, más de 5,1 millones de personas venezolanas han abandonado su país.
