La popularidad del presidente chileno, Sebastián Piñera, volvió a caer a un nuevo mínimo histórico al ubicarse en 10%, golpeado por una profunda crisis social que desafía al gobierno y mina la economía del país, según una encuesta de Cadem difundida este lunes.
El informe muestra una caída de dos puntos en la aprobación del derechista que lucha por frenar la violencia desatada en medio de multitudinarias manifestaciones pacíficas que exigen reformas sociales que reviertan altos índices de desigualdad.
A 46 días del estallido social que cambió la cara al país, que hasta entonces había sido uno de los más estables de la región, el 82% de los habitantes de Chile desaprueban la gestión del mandatario.
El magnate, que transita el segundo año de su mandato, impulsa una agenda social que incluye un leve aumento del salario mínimo, pensiones y un pacto político para redactar una nueva Constitución que deje en el olvido a la vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Pero las medidas del gobierno han sido insuficientes para aplacar las protestas.
La encuesta, que se realizó sobre la base de llamadas telefónicas la semana anterior a 708 personas, también muestra que un 67% de los consultados está de acuerdo con que continúen las movilizaciones, pero un 96% está en desacuerdo con los saqueos y robos a comercios.
Además, un 68% considera que desde el 18 de octubre, cuando estudiantes iniciaron la movilización para protestar por aumento en tarifas del ferrocarril metropolitano, los niveles de violencia han aumentado.
En tanto, un 58% de los chilenos consideran que el uso de la fuerza de Carabineros ha sido «excesiva y abusaron de su poder», un 18% la evalúa «proporcional dada la violencia que hay en las calles» y otro 18% considera que la Policía ha sido «blanda» para frenar los actos vandálicos.
La encuesta tiene un margen de error de +/- 3,7.
La Policía ha sido duramente cuestionada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) que acusan a los efectivos de incurrir en violaciones a los derechos humanos.
La crisis provocó la muerte a 23 personas, cinco de ellas a causa de la acción de agentes del Estado, y miles de heridos que incluyen cerca de 300 lesiones oculares, según fuentes médicas.
La Fiscalía investiga más de 2.000 casos de violaciones a los derechos humanos.
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