La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado este lunes su preocupación por la impunidad imperante tras los incidentes violentos desatados a raíz de las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia, en los que murieron alrededor de una treintena de personas, en su mayoría por operaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas.
La oficina de Bachelet ha hecho público este lunes el informe sobre lo ocurrido entonces, cuando Bolivia se vio inmersa en la crisis sociopolítica más grave de los últimos años. El entonces presidente, Evo Morales, dimitió tras las acusaciones de fraude en los comicios, lo que abrió la puerta a una administración interina encabezada por Jeanine Áñez.
La ONU ha examinado, a partir de más de 150 entrevistas, las «graves violaciones de los Derechos Humanos» perpetradas entre el 20 de octubre, día de las elecciones, y el 25 de noviembre. Así, ha constatado que hubo asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias, entre otros abusos.
Unas 30 personas murieron durante las protestas y al menos 20 de estas muertes se produjeron durante operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Algunos testimonios han dado cuenta de un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades e incluso del uso de fuego real, algo que niega el Gobierno.
Los investigadores internacionales han identificado como los incidentes más graves la muerte de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba, en el departamento de Cochambamba, y de otras diez en Senkata, en la localidad de El Alto.
«Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», ha lamentado Bachelet en un comunicado.
La Alta Comisionada ha advertido de que solo con investigaciones «independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas» puede abrirse la puerta «a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales», algo «esencial» tanto para las víctimas como para el conjunto de lo sociedad.
De lo contrario, «la falta de acción profundizará las divisiones, agravando las tensiones actuales y socavando la confianza pública en las instituciones del Estado», ha añadido, en un momento clave en el terreno político en Bolivia por la cercanía de las próximas elecciones, previstas –tras dos aplazamientos– para el 18 de octubre.
«Insto a los bolivianos a que aprovechen esta resolución pacífica de las últimas tensiones, dada la importancia de que las elecciones transcurran respetando plenamente los Derechos Humanos», ha reclamado Bachelet, que confía en que el país sudamericano pueda «superar la polarización» y «avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos».
REFORMAS ESTRUCTURALES
Otro de los «motivos de preocupación» recogidos en el informe es la «supuesta persecución judicial» ejercida contra miembros del anterior Gobierno o personas vinculadas a él, en la medida en que pondría de relieve las deficiencias del sistema judicial local y, por extensión, «la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso».
Las «recomendaciones» de la oficina de Bachelet también aspiran a ir más allá, a ayudar al país sudamericano «a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado» en la historia reciente.
Así, ha planteado «el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos» y ha llamado a pasar página de un racismo «profundamente arraigado» y que queda patente con el uso de un lenguaje incendiario y de una «violencia verbal y física» contra poblaciones indígenas.
Naciones Unidas ha llamado, además, a investigar los 94 casos de agresiones a periodistas y las amenazas y ataques contra personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
