La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación por «la falta de independencia» judicial en Venezuela por la «interferencia política», entre otras cosas, especialmente en lo tocante a las resoluciones sobre la Asamblea Nacional, según un informe presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sigue preocupada por la falta de independencia que padece el sistema de justicia en la República Bolivariana de Venezuela», reza el informe.
Para la oficina de Bachelet, «la independencia del sistema de justicia se ha visto socavada considerablemente por la inseguridad en el ejercicio de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política».
En concreto, ha querido destacar que «las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales».
Desde que la oposición ganó el Parlamento en los comicios de 2015, el Supremo ha declarado en «desacato» a la sede legislativa, ha retirado la inmunidad y acusado a decenas de diputados por cargos que van desde la conspiración a la corrupción y ha desconocido a la actual cúpula, encabezada por Juan Guaidó.
En opinión de la ONU, «esta situación ha afectado gravemente la capacidad del Poder Judicial de actuar de forma independiente para proteger los Derechos Humanos y está contribuyendo a la impunidad».
A este respecto, ha indicado que, «a pesar de los recientes esfuerzos realizados por el Ministerio Público de investigar las violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, la falta de determinación de responsabilidad es especialmente significativa en casos de asesinatos en el contexto de protestas y durante operaciones de seguridad, así como en denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género».
Así las cosas, ha denunciado que «las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos y abusos continúan enfrentando barreras legales, políticas y socioeconómicas persistentes para acceder a la justicia, y las mujeres enfrentan desafíos específicos de género».
Bachelet ha hecho un llamamiento al Gobierno de Nicolás Maduro para que «emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos».
«También instó a que se detengan de inmediato todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos que buscan justicia», ha reclamado, según un comunicado de su oficina.
La ex presidenta chilena ha recordado que «las víctimas y sus familiares tienen el derecho a saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y a no ser acosadas y revictimizadas por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos».
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