Agentes de la Policía de Colombia
La Organización de Naciones Unidas ha mostrado este miércoles su «profunda preocupación» ante los recientes asesinatos colectivos que se han dado en Colombia a pesar de la «reducción de la violencia» gracias a los acuerdos de paz que el Gobierno de entonces firmó en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.
«Seguimos profundamente preocupados por la inseguridad que impacta la vida de tantos colombianos en las zonas del país», ha expresado la secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo.
En un acto organizado por el Gobierno de Colombia, DiCarlo y el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Mario Ruiz Massieu, han coincidido en resaltar que el país latinoamericano vive un «momento crucial» de su historia reciente, tras la firma de los acuerdos de paz en la búsqueda de poner fin a cinco décadas de conflicto armado.
«Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales, excombatientes y mujeres y jóvenes son una amenaza para la paz», ha denunciado DiCarlo en relación a las recientes masacres que se han producido en el oeste del país, en donde las bandas armadas se disputan las rentas de los cultivos ilícitos dejadas por las disuelta guerrilla de las FARC.
DiCarlo ha lamentado que pese a la crisis sanitaria de la COVID-19, la violencia cometida por el resto de grupos armados ilegales, ya sea la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o los grupos paramilitares y del narcotráfico, «ha continuado sin cesar», en especial debido a «la presencia de economías ilícitas», la limitada presencia institucional y las escasas oportunidades de desarrollo en esta regiones.
Por ello ha hecho suya también la petición del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de un alto el fuego global «para dar alivio a las poblaciones más vulnerables y facilitar los esfuerzos contra la pandemia del nuevo coronavirus».
Si bien DiCarlo reconoce «los esfuerzos de las autoridades», apunta a que «es necesario hacer más». En lo que va de 2020, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ) ha informado del asesinato de 166 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, además de 36 antiguos guerrilleros de las FARC sujetos a los acuerdos de paz.
Los departamentos en donde más se sufre este tipo de violencia son Cauca, Antioquia y Nariño, en distintos puntos del oeste de Colombia. En total, son 971 personas asesinados desde los acuerdos de paz hasta mediados de 2020, además de 200 antiguos integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Por su parte, Ruiz Massieu ha apelado al compromiso de todos los actores implicados, pues llevar a cabo «cualquier acuerdo de paz» es «una cuestión compleja, a largo plazo y no está exenta de dificultades».
«Así como las comunidades claman desarrollo, piden estrategias para mejorar la protección y seguridad en las regiones, la presencia integral del Estado es necesaria para consolidar la confianza, la gobernabilidad, y el Estado social de derecho», ha expuesto.
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