Manifestación a favor del aborto celebrada a finales de septiembre de 2020 en Ciudad de México
La Fiscalía del estado de Quintana Roo, en el sureste de México, ha anunciado este domingo la imputación de once mandos de la Policía del municipio de Benito Juárez por permitir que el personal bajo su mando utilizara armas de fuego durante una manifestación celebrada en Cancún el pasado 9 de noviembre por el feminicidio de una joven de 20 años.
Las autoridades estatales han difundido un comunicado en el que se explica cómo los responsables policiales «pusieron en riesgo a los asistentes al permitir que el personal bajo su mando acudiera con armas de fuego al lugar de los hechos», detalla el fiscal, Óscar Montes de Oca.
En ese sentido, continúa el texto, no habrían tampoco evitado «el empleo ilícito de la fuerza» al ser utilizadas estas armas de fuego «de manera innecesaria e injustificada», por lo que estos once policías se enfrentan a sanciones penales por «delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo».
Unas 500 personas acudieron el pasado 9 de noviembre a las puertas del Ayuntamiento de Cancún para protestar y exigir justicia por el asesinato de Bianca Alejandrina Alvarado, una joven de 20 años a la que conocían como ‘Alexis’, y que fue hallada muerta y desmembrada un día antes.
Aunque el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que la Policía tenía órdenes de no intervenir, los agentes repelieron la manifestación con gases lacrimógenos y munición real cuando comenzaron los destrozos de la fachada del Ayuntamiento de la ciudad.
Montes de Oca también ha informado de que en los próximos días se llevarán a cabo nuevas imputaciones contra estos funcionarios «por permitir que se alterara la escena de los hechos y se destruyeran, ocultaran y desaparecieran elementos probatorios»
Al menos 78 agentes municipales participaron en el operativo policial durante aquella manifestación, en la que dos periodistas fueron heridos por arma de fuego y otras ocho personas sufrieron heridas de diversa consideración, a una de las cuales le sustrajeron sus pertenencias, tal y como confirma el comunicado de la Fiscalía.
Las consecuencias inmediatas de este empleo ilícito de la fuerza pública, tal y como lo ha definido Montes de Oca, fueron los ceses de los secretarios de Seguridad Pública estatal y municipal, Alberto Capella y Eduardo Santamaría Chávez, respectivamente, días después.
Esta decisión del gobernador de Quintana Roo fue aplaudida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien celebró que no hubiera habido tolerancia y complicidad. «Nunca más la represión y que se garantice el derecho a manifestación», enfatizó.
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