El Ministerio Público de Venezuela ha solicitado orden de aprehensión contra Andrés Felipe Yrigoyen Luna, designado como presidente de la junta directiva de Citgo por el autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, en calidad de presidente de la Asamblea Nacional opositora, cuyo mandato finalizó el pasado 5 de enero.
También ha emitido orden de detención contra otro miembro de la Junta Directiva de Citgo, José Ramón Pocaterra Esparza. Citgo es la filial estadounidense de la estatal petrolera venezolana PDVSA, bajo control de la oposición debido a que Washington reconoce como presidente legítimo de Venezuela a Guaidó.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha explicado este lunes que «a ambos se les imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia», por lo que la Fiscalía ha solicitado medidas de aseguramiento consistentes en la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, el bloqueo e inmovilización de cuentas, informa el portal de noticias venezolano Últimas Noticias.
«Debo recordar que al autoproclamarse como presidente encargado y designar una junta ‘ad hoc’ de Citgo, tomada por el innombrable y sus secuaces; ha impedido a la República ejercer una defensa contra la demanda de Crystallex en un tribunal federal de Estados Unidos», ha argumentado.
«Estamos en contra de las personas que, a través de oficinas fantasmas, pretenden prefigurar un Estado paralelo para saquear», ha remachado.
El fiscal general ha destacado que el Estado venezolano «ejerce y ejercerá todas las acciones para fortalecer la institucionalidad democrática y no permitir que bajo la presunta construcción de una autoridad paralela se pretenda menoscabar los intereses de la República, los activos del pueblo de Venezuela por personas al margen de la ley».
El pasado viernes, el Tribunal Federal para el Distrito de Delaware (Estados Unidos) autorizó la venta de acciones de Citgo para cubrir una indemnización de 1.400 millones de dólares (1.155,3 millones de euros) a la minera canadiense Crystallex por la nacionalización de un yacimiento de oro en Venezuela.
El sábado, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha expresado este sábado su rechazo a la «infame» decisión del tribunal estadounidense. » La arbitraria decisión no es más que una nueva agresión del agonizante Gobierno de Donald Trump contra el noble pueblo venezolano», afirmó Arreaza en Twitter.
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