La Fiscalía General de Ecuador ha expresado este martes su «rotundo» rechazo a la petición de suspender de manera incondicional la pena de un año de prisión que le fue impuesta a la que fuera vicepresidenta del país entre enero y agosto de 2018, María Alejandra Vicuña, acusada de exigir cobros ilegales a algunos de sus colaboradores. «La conducta de la sentenciada, María Alejandra Vicuña, es muy grave, puesto que, por el delito de concusión que cometió en contra la eficiencia de la Administración pública, faltó y defraudó la confianza depositada en ella por el pueblo, abusando además de la alta función que ostentaba al ejercer un cargo de elección popular», ha explicado el fiscal general Iñigo Salvador Crespo para justificar la decisión de la Fiscalía.
Salvador Crespo ha añadido que Vicuña tampoco cumple con las condiciones que marca la ley para librarse de la condena, por las cuales «la ejecución de una pena podrá suspenderse, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena».
Por su parte, la aboga de Vicuña, Ana María Ontaneda, ha criticado que la Fiscalía haya emitido un comunicado público antes de que se haya producido la audiencia en la que se decidirá el futuro de la que fue vicepresidenta en el Gobierno de Lenín Moreno y ha señalado que puede acogerse a la ley, no por los cargos políticos que ha representado estos años, sino «por ser una ciudadana cuyos requisitos se encuadran en la ley», según ha informado el diario ecuatoriano ‘El Universo’.
«El suspender la ejecución de la pena podría considerarse como una forma de legitimar la corrupción, enviando un mensaje errado a la ciudadanía, causando así un efecto adverso en la moral pública», ha defendido Salvador Crespo.
Vicuña fue condenada el viernes a un año de prisión. La Corte Nacional de Justicia dictó que Vicuña, que habría recibido un pago de 173.180 dólares (156.298 euros) abusando de su posición como ‘número dos’ de Moreno, violó las leyes al solicitar cuantías a sus colaboradores a cambio de mantener sus puestos de trabajo.
La investigación contra la exfuncionaria se abrió después de que el abogado Ángel Sagbay denunciara que trabajó con Vicuña entre 2001 y 2013 y que al llegar al Parlamento, la entonces diputada le exigió pagos mensuales de entre 300 y 1.400 dólares para financiar el partido ABA, con el que se unió a Alianza País.
Vicuña dimitió en diciembre de 2018 Vicuña para defenderse de las acusaciones en su contra, que sostenían que cuando era diputada de la Asamblea Nacional cobró ‘diezmos’ al personal a su cargo.
En un primer momento, Vicuña calificó la denuncia como «un montón de calumnias» y amenazó con emprender sus propias acciones judiciales.
Moreno, por su parte, se ha limitado en todo momento a defender la independencia del Poder Judicial en el marco de la campaña anticorrupción que puso en marcha en 2017 y que le ha enemistado con Rafael Correa, de quien fue vicepresidente durante la mayor parte de sus diez años de Gobierno.
