El expresidente ecuatoriano Rafael Correa
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió este jueves una pena de hasta siete años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, quien es juzgado en ausencia en su país por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado.
Salazar solicitó al tribunal de la Corte Nacional de Justicia «la pena máxima contemplada por el delito de cohecho y considerar agravantes, para Rafael C., como autor mediato, y para los demás funcionarios públicos y empresarios, como autores directos», señaló la Fiscalía en Twitter.
El exmandatario, que es juzgado en ausencia, y otros 19 procesados -entre los que constan el exvicepresidente Jorge Glas, exministros, exdiputados y empresarios- enfrentarían una sanción de entre cinco y siete años de cárcel en caso de ser hallados culpables. La fiscal se abstuvo de acusar a un exfuncionario por considerar que no había pruebas suficientes en su contra.
Glas cumple una pena de seis años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht.
La Fiscalía también pidió una reparación para el Estado de 1.130 millones de dólares.
«Se ha solicitado una reparación integral para el Estado y que consiste en la sumatoria total del otorgamiento de contratos y que asciende a la suma de 1.000 millones de dólares», dijo Salazar a la prensa.
La fiscal agregó que los empresarios implicados en el caso habrían pagado a funcionarios públicos alrededor de siete millones de dólares en sobornos para conseguir contratos. La Fiscalía se abstuvo de indagar a Odebrecht pese a que la firma aparecía mencionada en la investigación periodística del portal La Fuente que dio origen al caso.
De acuerdo con Salazar, «se creó una estructura para recibir sobornos a cambio de estos contratos. En la cúspide de la estructura se ha determinado que se encontraba el expresidente Rafael Correa Delgado».
El exgobernante, que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, fue vinculado al caso por un depósito de 6.000 dólares que una persona que trabajaba con su exasesora hizo en su cuenta personal. El exmandatario alega que se trataba de dinero de un préstamo.
Correa tildó en Twitter de «canallada» el trabajo de la fiscal en este caso. En otro trino anotó: «Es increíble a lo que se atreve esta mujer, sin prueba alguna. Felizmente lo único que supera su mala fe es su ineptitud».
Una condena contra Correa supondría el fin de su carrera política, pues la Constitución ecuatoriana impide presentarse como candidato en comicios a condenados por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.
Este es el segundo juicio que enfrenta el expresidente. El otro corresponde al presunto secuestro de un opositor en 2012. Sin embargo, ese proceso está suspendido pues la justicia requiere la presencia del exmandatario para juzgarlo.
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