La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha defendido este domingo su «inquebrantable» compromiso con las víctimas y ha explicado que la demora en la entrega de los bienes de la extinta guerrilla se debe a los mecanismos administrativos e institucionales del Gobierno de Colombia, el cual puso como fecha límite el 31 de julio de 2020 para que la formación política pusiera a disposición del Estado todas estas posesiones que serán utilizadas en la reparación de los afectados por la lucha armada.
«A quien se debería determinar una fecha para ajustar los procedimientos institucionales y de gobierno a la necesidad de construir paz en los territorios es al propio Gobierno», ha manifestado la FARC a través de un comunicado divulgado por su Consejo Político Nacional.
El partido surgido de la ya desaparecida guerrilla ha criticado que el Gobierno haya marcado un plazo, puesto que ya se entregó un inventario de bienes en 2017, por lo que «resulta una afrenta enviar mensajes de confusión frente a la reparación».
La FARC ha añadido una serie de factores que han influido en esta situación, como el hecho de que la guerrilla se conformase como «una organización político militar sin persona jurídica», por lo tanto no era una organización con derecho a propiedad; su carácter nómada, «lo cual impedía el establecimiento de lugares fijos para albergar los distintos activos y bienes»; y que su economía se fuera desmontando a medida que avanzaban las conversaciones de paz, eliminando así «su capacidad de mantenimiento de bienes y activos».
LISTA DE BIENES DE LA FARC
El partido ha detallado que hasta el 10 de noviembre del año pasado, se ha entregado unos 483.000 dólares en efectivo, 255.000 gramos de oro, 229 cabezas de ganado, así como 8 bienes inmuebles y 1.546 muebles, enseres y equipos varios».
«Se ha entregado el 63 por ciento del oro. En lo que se refiere a muebles y enseres, hay un avance de recepción del 12,3 por ciento, sin que a la fecha hayan sido monetizados. Hay un porcentaje de avance del 60,6 por ciento que corresponde a 229 animales, los cuales en su mayoría han sido comercializados. El caso de más lento avance corresponde a inmuebles, en el que sólo se ha hecho la entrega efectiva de un 4,4 por ciento», ha contado la FARC.
En ese sentido, han recordado al Gobierno que durante los primeros compases del proceso no se tomaron en cuenta sus advertencias en relación a la toma «urgente» de algunos bienes por parte de las autoridades «debido a la nula capacidad de custodia» que se produciría con la salida de la guerrilla de las zonas en las que operaba.
El partido ha señalado además, tal y como ha apuntado el diario ‘El Espectador’, que en febrero de 2018 se pidió a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) protección para algunos bienes, puesto que hasta el momento «el Estado no ha tomado posesión» de muchas de ellas, facilitando, ha explicado, «el extravío, la pérdida, o la usurpación».
No obstante, la FARC ha defendido que su presencia en algunas zonas del país palió la ausencia del Estado con «la construcción de vías, instituciones educativas y otros bienes» como forma de reparar las zonas de conflicto. «Sobre esto se han informado avances de más del 40 por ciento».
Ha reconocido que «el asesinato en medio de la confrontación y el hurto no fueron situaciones ajenas, lo que implica daños a la información de bienes y activos que tenía la organización».
LOS ACUERDOS DE PAZ
La que fuera la guerrilla más grande del país firmó hace tres años un acuerdo de paz por el que se comprometía a deponer las armas para dar el salto a la vida civil. Desde entonces, se han logrado «avances significativos», el más importante es la conversión del grupo armado en partido político, pero quedan retos importantes, el más urgente: frenar la ola de violencia que sacude el país.
El 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’, rubricaron un acuerdo de paz que se había tardado en negociar más de cuatro años y que necesitó unos retoques finales para superar el ‘no’ que se impuso por la mínima en el referéndum para ratificarlo.
Sin embargo, la violencia sigue siendo uno de los principales problemas del país y es debe, fundamentalmente, a la lucha entre grupos rivales para apoderarse de los antiguos negocios de las FARC, como el ‘narco’ o la minería ilegal.
