El presidente de Chile, Sebastián Piñera
La desaprobación a la gestión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, se mantiene en un 80 por ciento, frente al 13 por ciento de los chilenos que sí aprueba su labor, según una encuesta. La encuesta, recogida por Radio Cooperativa, ha agregado que la aprobación al mandatario ha aumentado dos puntos respecto a la misma encuesta, realizada el mes pasado. Asimismo, un 78 por ciento de los encuestados desaprueba la labor del gabinete ministerial, mientras que un 15 por ciento sí la aprueba.
En este contexto, un 72 por ciento se ha mostrado «de acuerdo» con que Chile necesita una nueva Constitución, mientras que un 20 por ciento está «en desacuerdo» y un 8 por ciento «no sabe o no contesta».
Chile decidirá en un plebiscito previsto para el 26 de abril si se redacta una nueva Constitución y cómo se hace, la principal demanda de los manifestantes que salieron a las calles en octubre.
Si gana la opción de avanzar hacia una nueva Carta Magna, los chilenos tendrán que decidir en el mismo plebiscito entre una asamblea constituyente compuesta por ciudadanos elegidos para ello y una instancia que incluya la participación de, al menos, el 50 por ciento de congresistas y la otra mitad con miembros elegidos para ese fin.
Según la encuesta, la redacción de una nueva Carta Magna alcanza un respaldo del 49 por ciento entre las personas que se identifican con la derecha; un 82 por ciento entre las que se identifican con el centro; y un 94 por ciento entre los simpatizantes de izquierda. Además, entre los independientes alcanza un respaldo del 69 por ciento.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una «agenda social». Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
Más de 20 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.
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