La CIDH cifra en al menos 24 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de año

Al menos 24 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de año, según cálculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha subrayado que estos crímenes se producen «en un contexto de violencia más amplio» que se ha traducido también en confinamientos de comunidades enteras y en nuevos desplazamientos forzados.

«De acuerdo con la información pública y del seguimiento realizado por la CIDH, desde el mes de enero de 2020 a la fecha al menos 24 personas defensoras de los Derechos Humanos, líderes sociales, comunales, indígenas o afrodescendientes fueron asesinadas en diversos departamentos del país», aunque los más recurrentes son Cauca, Huila, Putumayo y Antioquia, ha denunciado la CIDH en un comunicado.

La CIDH ha «tomado nota» del rechazo expresado por el Estado colombiano por estos crímenes y de las investigaciones anunciadas «para esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables». No obstante, le ha pedido «acciones oportunas y diligentes para investigar, establecer patrones y sancionar cualquier agresión», subrayando la importancia de castigar tanto a los autores materiales como a los intelectuales.

Además, ha recordado que «la labor realizada por defensores sólo puede ser ejercida libremente cuando estos colectivos no son víctimas de amenazas, ni de cualquier tipo de agresión física, psíquica u otros actos de hostigamiento». Así, ha pedido a las autoridades colombianas «reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad y seguridad de los defensores».

La CIDH ha llamado la atención sobre el hecho de que «las agresiones contra estos colectivos se dan en un contexto de violencia más amplio que enfrentan las personas defensoras en el país», ante lo cual ha reclamado al Gobierno de Iván Duque «intensificar esfuerzos para consolidar una cultura de respeto para quienes ejercen la labor de defensa de los Derechos Humanos».

También ha querido denunciar «el confinamiento de por lo menos 6.000 habitantes en el municipio de Bojayá, departamento de Chocó, debido a presuntos enfrentamientos entre grupos armados ilegales» que se produjo a principios de año.

La CIDH ha subrayado que » Chocó ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado en Colombia» y por ello ha insistido en la necesidad de «continuar avanzando en la implementación de todos los capítulos del acuerdo de paz» con las FARC. «Resulta de vital importancia la presencia del Estado en los territorios, especialmente en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y dejadas por las FARC cuya necesidad de fortalecimiento institucional es mayor», ha esgrimido.

Asimismo, la CIDH ha destacado que «el agravamiento de la violencia en el país ha tenido un especial impacto migratorio, como fue el desplazamiento forzado interno de por lo menos 815 personas en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, ocurrido a partir del 23 de febrero». «Las personas se habrían visto obligadas a abandonar sus casas tras una serie de amenazas presuntamente emitidas por grupos armados», ante lo cual el Estado informó que está articulando acciones», ha apuntado.

A este respecto, ha enfatizado que, «además de verse en la necesidad de tener que abandonar sus comunidades, el desplazamiento forzado de personas puede conllevar a múltiples violaciones de los Derechos Humanos». «Colombia debe de cumplir con su obligación de prevenir el desplazamiento y, de no ser posible, proteger a los desplazados durante la migración forzada, prestar y facilitar la asistencia humanitaria, así como apoyar en la facilitación del retorno, el reasentamiento y la reubicación», ha indicado.

La CIDH ha valorado «la plena disposición del Estado colombiano con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular en la apertura y suministro de información», si bien ha informado de que, «ante la gravedad de todos estos hechos y la complejidad del contexto en el que tuvieron lugar», ha decidido crear en su Secretaria Ejecutiva una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para hacer «un monitoreo cercano y en tiempo real a la situación de Derechos Humanos en el país».

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