La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez
La Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado este martes la ley que garantiza la «plena» vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, también para los que se encuentran en el extranjero, aprobada el viernes por los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, mayoría en la Cámara Alta. «Con el voto de más de dos tercios de sus miembros, el Pleno de la Cámara de Diputados sanciona la ‘Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos'», ha anunciado la propia Cámara Baja mediante su cuenta de Twitter.
Según el Congreso, el objetivo de la norma es «velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos civiles, políticos y de libre expresión». El texto fue modificado y aprobado por el Senado, por lo que ha vuelto de nuevo al Congreso.
La mesa de diálogo formada por el Gobierno, organizaciones sociales y legisladores que se instauró tras las movilizaciones que se sucedieron en el país a raíz de las elecciones del 20 de octubre, que provocaron una crisis política en Bolivia, consensuó el proyecto de ley para brindar garantías de seguridad y derechos políticos, además de para garantizar que un eventual procesamiento de dignatarios se hiciera por la vía constitucional y legal.
Ahora, la ley deberá pasar al poder Ejecutivo para su promulgación, según ha informado el diario local ‘Página Siete’. Sin embargo, el Gobierno interino de Bolivia, que entiende que la norma implica «impunidad» para los exmiembros del Gobierno y dirigentes «vinculados con delitos», ya anunció que la «neutralizará jurídicamente», para lo que será remitida al Tribunal Constitucional.
Por su parte, la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), explicó que la aprobación de la ley cumple con los acuerdos alcanzados en las negociaciones para pacificar el país.
En concreto, el artículo siete establece que «el Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianos y bolivianas, extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizados del campo y la ciudad en todo el territorio nacional».
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara «irregularidades» en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Denuncia que fue víctima de un golpe de Estado, por lo que está refugiado en Argentina, aunque antes recaló en México y brevemente en Cuba.
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