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Justicia

Interpol rechaza por segunda vez la búsqueda de los exministros de Bolivia López y Murillo y cierra el caso

Interpol ha pedido a Bolivia además que cese en sus empeños y ha cerrado el caso.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha rechazado este lunes por segunda vez activar la alerta azul contra los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López, investigados por su posible implicación en irregularidades en la compra de equipo y material antidisturbios.

Interpol ha pedido a Bolivia además que cese en sus empeños y ha cerrado el caso. Murillo, mano derecha de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, huyó junto a López hacia Estados Unidos a las pocas semanas del triunfo electoral de Luis Arce en las últimas generales.

Tanto Murillo como López están siendo investigados por la Justicia boliviana por su presunta participación en un delito de malversación de fondos relacionado con los sobrecostes en la compra de material antidisturbios para las Fuerzas Armadas y la Policía en el marco de la represión contra los manifestantes y partidarios del expresidente Evo Morales.

El director de Interpol Bolivia, Pablo García, ha explicado en Radio Éxito que la institución policial ha evitado dar explicaciones acerca de los motivos de la nueva negativa, y que simplemente han visto en esta oportunidad que no lo iban a aceptar y que por favor ya no se intentara nuevamente».

En la primera ocasión, a principios de diciembre de 2020, Interpol justificó su negativa al considerar que estos supuestos delitos eran de carácter «político», el mismo argumento que utilizó para desestimar la detención del expresidente Evo Morales por sedición.

El sello azul, que sirve para «recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, su ubicación o actividades en relación a un delito», también le fue desestimado a Bolivia en relación al anterior ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien se enfrenta a una denuncia por supuestas irregularidades en la contratación millonaria de seguros para la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante la pandemia.

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