«Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal, por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento», indicó el PJ en la red social Twitter.
La medida tomada por el PJ responde a la acusación constitucional hecha en octubre de 2022 por la fiscal general, Patricia Benavides, contra el entonces mandatario.
Castillo fue destituido por el pleno luego de que en diciembre intentara cerrar el Congreso, una acción que se interpretó como un intento de golpe de Estado.
Según la hipótesis de la fiscal general, el exjefe de Estado, estando en el poder, lideró una mafia en el gobierno.
Esta mafia habría comprado, a través de la empresa estatal Petroperú, combustible a una empresa privada con sobreprecio, a fin de obtener un beneficio económico personal.
Asimismo, a través del Ministerio de Vivienda y el de Transportes habría negociado ilícitamente contratos con privados para otorgar concesiones para obras públicas.
Actualmente, Castillo permanece encarcelado en un penal de Lima, aunque por el presunto quiebre del orden constitucional al intentar cerrar el Congreso. (
