Los recientes esfuerzos del Congreso de Guatemala por presentar cargos penales contra los jueces del Tribunal Constitucional por una resolución contra el proceso de selección de vacantes judiciales son un «flagrante asalto a la independencia judicial», ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW).
El Tribunal Constitucional guatemalteco suspendió en febrero de este año temporalmente el proceso de selección para cubrir las 13 vacantes en el Tribunal Supremo y las 135 vacantes en el Tribunal de Apelaciones después de que una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) revelara un posible tráfico de influencias en la selección de candidatos judiciales.
La sentencia del Constitucional dictaminaba que, para seleccionar a los candidatos adecuados, el Congreso tiene que asegurarse de que el proceso cumpla con los requisitos básicos.
En este sentido, en la lista de candidatos que había propuesto el Congreso para cubrir las vacantes, se incluían 15 que presuntamente habrían cometido un delito de influir indebidamente en su propio proceso de selección, según concluyó un informe de la Fiscalía General de Guatemala.
No obstante, en vez de acatar la sentencia, la comisión permanente del Congreso –encargada de llevar a cabo las funciones legislativas cuando el pleno no está en sesión– ha acusado a tres de los cinco magistrados del Constitucional de delitos castigados hasta con 10 años de prisión.
Estos esfuerzos del Congreso «para orquestar procesos penales contra los magistrados constitucionales son un ataque directo a la independencia judicial, buscando castigarlos por hacer su trabajo», ha denunciado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
«La independencia judicial es esencial para el estado de derecho en cualquier sociedad y en lugar de atacar al Tribunal Constitucional, el Congreso debería seguir su orden y abordar las acusaciones de corrupción en su propio proceso de designación judicial», ha apostillado.
Actualmente, el Congreso todavía no ha llenado ninguna de las vacantes judiciales, cargos que serían para el período 2019-2024, sino que, por el contrario, en junio inició un podrecimiento preliminar para investigar la presunta responsabilidad de cuatro magistrados del Constitucional en la resolución del proceso de selección de jueces.
El Congreso, con el apoyo del Supremo de Justicia, creó una comisión especial para investigar a los jueces del Tribunal Constitucional, y una vez la investigación finalice, el Congreso votará si dichos magistrados pierden su inmunidad.
En un intento por frenar el proceso, el Constitucional bloqueó esta iniciativa, respondiendo a una petición de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de Derechos Humanos, dictaminando que los jueces no podrían ser procesados por las opiniones expresadas en sus fallos.
Sin embargo, el Congreso volvió a intentar acusar a los jueces, esta vez a tres, a los que pidió a la Fiscalía General investigar por malversación, obstrucción de la justicia, violación de la Constitución, adopción de resoluciones contrarias a la Constitución y abuso de autoridad, delitos sancionados con penas de hasta 10 años de prisión, por la resolución emitida contra el proceso de selección de candidatos judiciales.
No es la primera vez que los procesos para llenar vacantes judiciales han sido cuestionados en Guatemala, ha señalado HRW, en 2014 la ONG cuestionó los procesos de selección de los magistrados del Suprema dada su arbitrariedad y los conflictos de intereses entre los miembros de la Comisión de Postulación y los candidatos.
Ante esta irregularidades, HRW ha recordado que «un poder judicial independiente es esencial para la protección de los Derechos Humanos y el respeto del Estado de derecho», y ha incidido que la selección de cargos judiciales debería seguir procedimientos con criterios mínimos, marcados por los organismos internacionales, como la selección basada en el mérito y las calificaciones, por ejemplo.
Además, ante el intento del Congreso de enjuiciar a los magistrados del Constitucional, Vivanco ha recordado que «los jueces sólo deben ser suspendidos o removidos por incapacidad o comportamiento que los deje incapacitados para cumplir con sus deberes».
«No deben temer sanciones o destitución por dictar fallos que no agraden a los poderes Ejecutivo o Legislativo», ha subrayado.
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