La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado este miércoles al Gobierno de Venezuela de llevar a cabo detenciones «arbitrarias» y «desapariciones forzadas» y ha pedido a las autoridades del país sudamericano que cesen «inmediatamente» en estas prácticas, mientras que ha solicitado a la comunidad internacional que presione e investigue estos supuestos abusos.
«Ya es bastante malo que las fuerzas de seguridad venezolanas hayan detenido arbitrariamente a miles de personas, pero también han recurrido a desapariciones forzadas, un crimen perverso y globalmente prohibido en todas las circunstancias, al ocultar deliberadamente el paradero de las personas detenidas», ha señalado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió en julio de 2019 una denuncia similar, ya que aseguró que en Venezuela se habían registrado hasta 135 casos de personas privadas de libertad de manera arbitraria desde 2014, incluyendo desapariciones forzadas, algunas de corto alcance, puntualizó.
En cuanto a HRW, la ONG ha puesto el foco en la detención «arbitraria» del ejecutivo de la Corporación Petrolera CITGO, Tomeu Vadell Recalde, el 18 de marzo de 2020.
De acuerdo con la información que la ONG maneja, Vadell pudo llamar a su familia 42 días después de haber sido detenido junto a otros directivos de esta filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), acusados todos ellos de malversación de fondos, blanqueo de capitales y asociación para delinquir, tras llevar a cabo a una serie de acuerdos en perjuicio del Estado venezolano.
No obstante, su abogado siempre ha defendido que, tanto su cliente como el resto de detenidos, jamás llegaron a ratificar esos documentos.
SU FAMILIA TEME POR SU SALUD
Vadell estuvo detenido dos años en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas (DGCM), hasta que un juez decretó arresto domiciliario en diciembre de 2019. Sin embargo, fue trasladado por agentes de Inteligencia de Venezuela a un lugar desconocido el 9 febrero de 2020. Su abogado ha denunciado que sólo tuvo acceso a la orden que revocaba este beneficio penal diez días después.
A su vez, también ha denunciado que ese mismo día, el 19 de febrero, cuando estaba programado su juicio, éste fue pospuesto. Desde entonces lo ha sido dos veces más.
La familia de Vadell teme por su salud, ya que sufre problemas cardíacos, renales y de hipertensión, los cuales podrían empeorar debido a la crisis sanitaria global por la pandemia de coronavirus que también ha afectado a Venezuela, en donde se han registrado hasta el momento 106 casos de contagio.
La desaparición forzada de Vadell no es un caso aislado, ha señalado HRW, «sino parte de un patrón de las autoridades venezolanas en los últimos años».
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, por su parte, ha encontrado «un patrón de desapariciones forzadas a corto plazo de opositores políticos o personas percibidas como tales, y sus familiares» en Venezuela.
