El expresidente de Bolivia Evo Morales
Human Rights Watch (HRW) ha asegurado que el Gobierno interino de Bolivia, encabezado por la presidenta Jeanine Áñez, está abusando del sistema judicial para perseguir a personas vinculadas con el exmandatario Evo Morales, también procesado por cargos que, en opinión de la ONG, evidencian un trasfondo político.
Así figura en el informe ‘La justicia como arma: Persecución política en Bolivia’, en el que HRW da cuenta de cargos infundados o desproporcionados contra aliados de Morales, una merma de la libertad de expresión y un uso arbitrario de la detención preventiva.
En este sentido, asegura que el Gobierno de Áñez ha presionado a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, lo que se ha traducido en investigaciones contra más de un centenar de personas por supuestos delitos de sedición o terrorismo durante estos últimos meses.
El propio Morales, que reside en Argentina, ha sido acusado de terrorismo y financiación del terrorismo, dos delitos castigados con hasta 20 años de cárcel cada uno. Los cargos se basan en una llamada telefónica mantenida días después de su dimisión y en la que supuestamente llama al bloqueo de carreteras para «dar dura batalla a la dictadura».
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha admitido que las declaraciones atribuidas a Morales son, «sin duda, preocupantes», por lo que ve «razonable» que se investigue si pueden constituir un delito. Sin embargo, también ha considerado que «aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios».
ACUSACIONES BASADAS EN LLAMADAS O DECLARACIONES
En algunos de los casos examinados por HRW, los fiscales han presentado cargos por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales, como le ocurrió a Patricia Hermanosa, exjefa de Gabinete del antiguo presidente y acusada de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, a raíz de una conversación. Fue detenida el 31 de enero y permaneció en detención preventiva hasta el 5 de agosto, sin acceso a atención médica pese a estar embarazada –en marzo sufrió un aborto–.
Otro de los casos recogidos en el informe es el de Mauricio Jara, un seguidor de Morales acusado de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública después de que la Policía presentase como prueba que había tachado en al Gobierno de «tirano» y «dictatorial» y que había descrito como una «masacre» la muerte de al menos diez manifestantes en Senkata. Permanece en prisión preventiva.
Vivanco ha señalado que «los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos», pero ha considerado igualmente «crucial» que el poder judicial actúe de forma «independiente» y se respeten derechos fundamentales, de tal forma que no termine convirtiéndose en «una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno».
HRW, no obstante, ha advertido en su informe de que los abusos del sistema de justicia no son nuevos en Bolivia, ya que también se habrían utilizado durante la etapa de Evo Morales en el poder (2006-2019).
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