El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a Guatemala que garantice la seguridad del personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) después de que una comisión designada por el Congreso guatemalteco haya presentado este viernes un informe en el que acusa al personal de la Comisión de haber cometido «ilegalidades». Tras ello, Guterres ha dicho que confía en que Guatemala cumplirá con sus obligaciones internacionales, entre las que se encuentran las referidas a privilegios e inmunidades del personal internacional de la Comisión.
«Tanto la CICIG, como su personal y funcionarios del sistema de justicia, han hecho una contribución decisiva para la erradicación de la corrupción y la impunidad en Guatemala y para fortalecer las instituciones, tal como han reconocido repetidamente las autoridades guatemaltecas, defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional», ha indicado el secretario general en un comunicado.
Guterres ha instado también a las autoridades guatemaltecas a proteger los derechos y garantizar la seguridad del antiguo personal de la CICIG, así como de los operadores de justicia y defensores de derechos humanos que trabajan a favor del estado de Derecho en Guatemala.
Desde Naciones Unidas, han señalado que el informe presentado al Congreso tiene el objetivo de determinar «posibles irregularidades en la labor de la institución y su personal».
Una «Comisión de la Verdad» investigó el trabajo de la CICIG durante los últimos doce años y recomendó al Congreso que condenara las presuntas irregularidades, además de anunciar que remitiría el informe a la Fiscalía.
Las actividades de la CICIG finalizaron oficialmente el 3 de septiembre del 2019 tras doce años de labor en los que contó con un amplio apoyo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas guatemaltecas y de la ONU y sus agencias, según ha trasladado el propio organismo.
Durante todos estos años, con el apoyo de la Fiscalía, consiguió acusar a más de 1.500 personas, logró que se procesara a más de 660 y se dictaron 400 condenas hasta julio de 2019.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el año pasado el cese de los trabajos de la CICIG al alegar que se extralimitaron de sus funciones, una decisión revertida por el Tribunal Constitucional. Además, la ONU ha informado de que desde septiembre de 2019, el jefe de la Comisión, Iván Velásquez, tiene prohibida la entrada al país.
