El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Colombia ha anunciado este lunes que mantendrá la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que le relaciona con una operación de compra de votos en 2018 durante la segunda vuelta electoral que propició la victoria del actual jefe del Estado, Iván Duque.
Pese a la renuncia de su fuero como senador el pasado 18 de agosto, la Sala Especial de Instrucción del TSJ ha decidido mantener sus competencias en la investigación preliminar que se abrió contra Uribe por su presunta participación en un escándalo en colaboración, entre otros, con el ya fallecido y supuesto narcotraficante Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández.
El Supremo ha informado a través de su cuenta de Twitter que la investigación contra Uribe continúa porque el expresidente «mantiene su fuero por la supuesta participación activa» de una de sus empleadas en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en referencia a la que era su ayudante, María Claudia Daza, quien habría mantenido conversaciones telefónicas con Hernández para organizar la supuesta compra de votos durante la segunda vuelta electoral que enfrentaba a Duque con el candidato socialdemócrata Gustavo Petro.
«Nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar plata para pasar bajo la mesa y soltarla en los departamentos», afirmó Hernández, quien lamentó no disponer esta vez del dinero «que se robaron de Vargas Lleras», en referencia al que fuera vicepresidente Germán Vargas Lleras durante parte del mandato de Juan Manuel Santos.
Uno de esos departamentos sería el de La Guajira, en las costas del mar Caribe, tal y como ‘Ñeñe’ Hernádez aseguraba en los audios que se destaparon al nombrar a «Iván» y a «Uribe» como responsables de haberle enviado a las ciudades de Manaure, Uribía, Riohacha y Maicao para «ganar» en esa región.
Por su parte, Uribe ha utilizado sus redes sociales para pregonar una vez más su inocencia, defendiendo que durante sus «austeras» y «transparentes» campañas para concejal, senador, gobernador, o presidente, siempre ha contado con «gerentes probos».
«La prioridad ha sido el trabajo político-comunitario intenso, no el dinero. Ni pensar en compra de votos», ha escrito.
URIBE Y SUS PLEITOS CON LA JUSTICIA
Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.
Hace dos semanas, el Supremo envió a la Fiscalía tres de sus casos más sonados, aquellos que supuestamente le involucran en las masacres de San Roque e Ituango en 1996 y 1997 y en el asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle en 1998 a manos de fuerzas paramilitares.
Todos estos crímenes, que tuvieron lugar cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, estuvieron en manos del Supremo desde 2014 cuando el expresidente asumió el cargo de senador del Centro Democrático, aunque, tras renunciar el pasado 18 de agosto con motivo de las investigaciones en su contra, las investigaciones volvieron a la Fiscalía.
Uribe renunció a su cargo como senador, durante las investigaciones en su contra por un delito de presunta manipulación de testigos y fraude procesal, después de que una denuncia contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, a quien le acusó de dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle por vínculos con paramilitares, se le volviera en contra.
El Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio Uribe, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador progresista en algunas cárceles acusando al expresidente no fueron producto de manipulación ni de pagos.
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