La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha concluido este martes que las inspecciones en archivos militares son legales y no perjudican a las Fuerzas Armadas, después de que efectivos militares bloquearan por segunda vez el acceso a los archivos en los que podría haber información sobre la masacre de El Mozote.
Además, la Sala ha refutado, por unanimidad, los argumentos proporcionados por el ministro de Defensa salvadoreño, René Merino, que presentó un recurso de amparo para impedir las inspecciones. Asimismo, le han recordado que la finalidad del acceso a los archivos no es conocer los planes militares actuales, sino los de 1981.
También, tal y como informa el diario ‘El Mundo’, el juzgado reitera a Merino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ordenó en 2012 investigar la masacre, perpetrada en 1981 y en la que murieron casi un millar de civiles, por lo que el Estado está «obligado» a «realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido».
El tribunal ha advertido a su vez al ministro de Defensa de que impedir las inspecciones a los archivos puede ser constitutivo de delito.
Este mismo lunes, el juez encargado de investigar lo sucedido, Jorge Guzmán, llegó, junto con peritos, fiscales, abogados y organizaciones de Derechos Humanos, a las instalaciones del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea con la intención de cumplir la orden judicial de buscar información sobre la matanza en los archivos del Ejército.
Sin embargo, según recoge el diario ‘La Prensa Gráfica’, los militares impidieron el acceso del juez argumentado no poseer la información que requería. Además, aludieron a que la Constitución de El Salvador establece que el Ejército no está obligado a entregar información, ya que los planes militares son secretos.
El Ejército ya impidió el acceso a los archivos a finales de septiembre tras lo que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que desclasificaría «voluntariamente los pocos archivos sobre la masacre de El Mozote que no han sido destruidos».
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.
