El Senado de Chile ha aprobado este lunes por 28 votos a favor, 12 en contra, y una abstención, un proyecto de ley por el cual se otorga la potestad al Ejército y a las Fuerzas Armadas de vigilar y custodiar las infraestructuras públicas «críticas» que pudieran ser objetivo de acciones violentas durante los momentos de crisis como los que se han vivido en el país desde que en octubre dieran comienzo las masivas manifestaciones, de las cuales muchas han derivado en enfrentamientos con los Carabineros. «Este es un gran paso para lograr que exista mayor seguridad para nuestra ciudadanía», ha asegurado el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien a su vez ha detallado, que «los servicios de utilidad pública, como el del agua, la electricidad, el gas, o las comunicaciones», son aquellos que podrán ser resguardados por las Fuerzas Armadas.
La iniciativa del Gobierno pretende que los militares asuman el control de la seguridad de espacios públicos sin la necesidad de declarar el estado de excepción «en casos graves de alteración del orden público» o de peligro para el país.
En ese sentido, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha explicado que el Gobierno está buscando una «democracia más resguardada y protegida, para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades», tal y como ha publicado el diario chileno ‘La Tercera’.
Blumel ha negado que el Gobierno esté buscando «atrincherarse en la represión» con este proyecto, pues existe «un deber del Estado, a través de instituciones responsables como Carabineros y el Ministerio del Interior, de hacerse cargo del deber de resguardar el orden público».
Por su parte, la bancada socialista ha criticado el concepto de «infraestructura crítica» al considerar que es ambiguo, pues no existe en el proyecto una definición que delimite todavía que empresas y organismos estarán sujetos bajo esta nueva realidad.
Así, el senador Alfonso de Urresti ha denunciado la «irresponsabilidad» que supone votar «una ley con un lista de infraestructuras críticas en blanco».
En ese sentido también se ha expresado su compañero en la cámara, José Miguel Insulza, quien calificó de «despropósito político» la iniciativa, pues supone «una amenaza directa» a la democracia, «haciendo caso omiso» a la historia del pueblo chileno. «No queremos ver nunca más a las Fuerzas Armadas con sus armas en las calles del país», ha aseverado.
