El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ha afirmado este martes que «meter bala sería lo políticamente correcto» para acabar con las protestas y las movilizaciones que en los últimos días han bloqueado algunas de las vías de acceso a varios puntos del país como protesta por la postergación de las elecciones generales.
«No es solamente salir y meter bala, eso sería lo políticamente correcto, pero no es lo que debemos hacer en este momento», ha dicho Murillo durante una entrevista concedida para la CNN cuando el periodista le aseguró que Bolivia estaba sufirendo «crímenes de guerra».
Si bien Murillo ha explicado que el diálogo es la primera opción para resolver la situación, no ha descartado «actuar de la forma más dura, con la ley y la Constitución por delante», si no se logra un acuerdo «en las próximas horas».
«Nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil en este país», aunque «tenemos las horas contadas para ello», ha dicho Murillo.
Desde hace poco más de una semana, varias vías de acceso a algunos puntos y lugares del país han sido bloqueadas por sindicatos, mineros y movimientos sociales como forma de protestar por la postergación de las elecciones para el 18 de octubre, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se retracta tras aprobar en un primer momento la celebración de los comicios para el 6 de septiembre.
El TSE alega que, en medio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, es la única forma de poder celebrar de manera segura los comicios, mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y sus simpatizantes aseguran que se trata de un táctica del nuevo oficialismo para impedir que su candidato Luis Arce, favorito en las encuestas antes de la crisis sanitaria, gane las presidenciales.
La situación se ha enconado en los últimos días debido a las infructuosas reuniones que los distintos actores sociales implicados han mantenido y debido a la cada vez mayor presencia de grupos contrarios a los manifestantes, que se han unido a las autoridades en los enfrentamientos.
El Gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, ha condenado los bloqueos pues complican el traslado de material y recursos médicos para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, que ha provocado hasta el momento casi 4.000 fallecidos y más de 90.000 contagios.
Las palabras de Murillo se han producido pocos días después de que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, anunciara que el Gobierno preparaba un operativo militar y policial para romper los bloqueos y poder transportar 66 toneladas de oxígeno desde Santa Cruz a La Paz, Cochabamba y Oruro.
«Este esfuerzo de llevar vida va a ser hasta las últimas consecuencias, ¡hasta las últimas consecuencias! ¡Estamos decididos como Gobierno a llevar vida donde este momento se necesita!», exclamó ante la prensa.
Ante esta situación, en las últimas horas el expresidente Morales ha pedido a los sindicatos y al «pueblo movilizado» que reconsiderara la propuesta de entendimiento redactada por el TSE junto con las organizaciones sociales, y bajo el auspicio de Naciones Unidas, para que las elecciones generales se celebren finalmente el 18 de octubre.
Incluso, algunos miembros del propio TSE han enviado una carta al presidente del organismo, Salvador Romero, para que también reconsidere la posibilidad de modificar la fecha de los comicios para acabar con la «zozobra» y el «conflicto social», que vive Bolivia.
Se trata de un nuevo episodio de la crisis política y social que arrastra Bolivia desde las elecciones generales celebradas el pasado 20 de octubre, cuyos resultados fueron calificados de «irregulares» por parte de la oposición, que contó el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Morales dimitió y se exilió –primero a México y luego a Argentina–, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.
Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso –controlado por el MAS– señaló el 6 de septiembre, algo aceptado en un principio por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno, que insistía en aplazar aún más los comicios.
