Disturbios en La Paz en el marco de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia
Siete legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político del ex presidente boliviano Evo Morales, han presentado una denuncia contra los ministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, por las supuestas irregularidades en las compras de equipos antidisturbios.
Los parlamentarios opositores –cuatro diputados y tres senadores– presentaron el jueves una denuncia contra ambos por delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, según informa el diario boliviano ‘La Razón’.
El origen de la denuncia es una investigación periodística de Gigavisión, según la cual hubo irregularidades en la adquisición de cartuchos de gas lacrimógeno para sofocar disturbios a través de un intermediario estadounidense.
De acuerdo con la denuncia, el Gobierno de Bolivia habría cancelado una compra con la empresa brasileña Cóndor para hacerla con la estadounidense Bravo Tactical Solutions en un cambio desfavorable.
Bolivia habría pagado 270 bolivianos (unos 34 euros) por cada unidad de proyectiles de larga distancia y 250 bolivianos (unos 32 euros) por cada unidad de proyectiles de triple acción, mientras que con Cóndor habrían sido 108 y 116 por unidad, respectivamente (unos 14 y 15 euros), si se compara con una compra hecha a la empresa brasileña por Venezuela.
«Este tipo de hechos nos lastima a los bolivianos, porque hablamos de recursos económicos que son sacados del Estado en desmedro de la economía nacional», dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.
López compareció el mismo jueves para defender la adquisición realizada por ambos ministerios. Según él, se intentó comprar directamente con Cóndor pero la brasileña les derivó a un intermediario, Bravo Tactical Solutions, y mostró el documento que así lo acredita.
«Aquí está la carta donde indican que ellos (Bravo Tactical Solutions) son los representantes para todo tipo de compra (a Cóndor). Por lo tanto, estas compras no se podían hacer directamente a la fábrica, sino obligatoriamente tenía que pasar por el intermediario», defendió.
Además, ha justificado la compra recordando que en el momento en el que se hizo, en noviembre de 2019, se necesitaba ese material por los disturbios provocado por la crisis postelectoral, que se saldaron con más de 30 muertos. «No es delito estar preparados para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico», dijo.
Así las cosas, afirmó que, si tuviera que volver a firmar esos contratos «para equipar a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, en caso de que lo requieran, como dice la Ley», lo haría «una y mil veces». «Nuestro rol está en defender a los bolivianos, en pacificar el país», remachó, según recoge la agencia de noticias ABI.
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