El Gobierno de México, en nombre del Estado, ha pedido perdón este jueves a las víctimas de la matanza en la comunidad de Acteal, en las montañas del estado sureño de Chiapas, en diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar, y en la que fueron asesinadas 45 personas del pueblo indígena tzotzil, la mayoría mujeres y niños.
«Asumo la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente», ha expresado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante una ceremonia celebrada en la sede de la Secretaría del Gobierno.
Encinas ha señalado que este suceso fue la «expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad», que incluso, denuncia, «pretendió ocultar esta tragedia alternado la escena del crimen para responsabilizar a las propias víctimas».
«Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio. Lo hacemos con convicción y sin condiciones; lo hacemos porque las omisiones y negligencias del Estado mexicano arrancaron la esperanza a 45 personas», ha dicho.
Este año se cumplen el 23 aniversario de esta tragedia ocurrida en esa comunidad del municipio de Chenalhó, en el que un grupo de civiles armados irrumpió en la comunidad indígena asesinando, mientras las víctimas rezaban por su vida, tal y como ha recordado uno de los supervivientes durante el acto.
Fernando Luna, uno de los supervivientes, ha aceptado en nombre de una parte de las víctimas las disculpas del Gobierno, pero ha insistido que lo sucedido fue un delito de Estado, y como tal ha pedido que el presidente de entonces, Ernesto Zedillo (1994-2000), y otra serie de funcionarios estatales sean tratados como autores intelectuales.
El acuerdo amistoso del Estado mexicano incluye a las familias de 18 víctimas fallecidas y a 12 supervivientes, pues el resto de allegados de los asesinados han preferido esperar el informe y la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luna también ha recordado cómo el Estado y las autoridades promovieron una versión de los hechos totalmente distorsionada, pues atribuyeron la matanza a un conflicto territorial y religioso entre indígenas
«Triunfó nuestra palabra y encontramos un lugar en las páginas de la historia moderna de México», ha dicho Luna, quien ha insistido en que la justicia todavía no ha sido restablecida, pues los responsables siguen en libertad, tras beneficiarse de las irregularidades procesales que cometieron las autoridades por aquel entonces.
