El Tribunal Constitucional de Perú ha rechazado la demanda competencial presentada para determinar la legalidad del uso de la incapacidad moral permanente como mecanismo para la moción de censura presidencial, aplicada el pasado 9 de noviembre contra el expresidente del país Martín Vizcarra.
A través de su cuenta de Twitter, el tribunal ha informado de que cuatro de los magistrados han considerado que «no hay nada que resolver» sobre la vacancia presidencial, mientras que tres de los jueces, entre ellos la presidenta, Marianella Ledesma, han defendido un «uso indebido» del instrumento de la moción de censura en el caso de Vizcarra.
Ledesma ha lamentado la decisión adoptada por la mayoría del pleno del Constitucional y ha asegurado ser «consciente de que hemos perdido una oportunidad histórica como tribunal» en una entrevista en la radio RPP.
Por otro lado, el magistrado Ernesto Blume, que ha votado a favor de la desestimación de la demanda, ha señalado en declaraciones al mencionado medio de comunicación que la demanda no correspondía «por haberse sustraído la materia», tras añadir que la incapacidad moral permanente es «un concepto que no debe estar claro».
«Es una cláusula abierta que habilita al Congreso a sus diversas funciones», ha detallado Ledesma.
La demanda fue presentada por el fiscal de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, para que el Alto Tribunal determinara cómo se debe interpretar la causal por incapacidad moral permanente que está prevista en la Constitución peruana y aplicada en el caso del expresidente.
Huertas señaló en la defensa de la demanda que el proceso fue «indebido e inconstitucional», ante lo que pidió a los magistrados adoptar acciones para «establecer medidas de reparación».
El fiscal ha lamentado las palabras del juez Blume y ha señalado el riesgo de que se vuelvan a producir conflictos a futuro, como las protestas vividas en el país tras la marcha de Vizcarra, por no haberse resuelto la controversia.
«El Tribunal no ha estado a la altura de la demanda o exigencias de la realidad nacional», ha considerado Huertas.
Vizcarra hizo frente con éxito a una primera moción de censura el pasado mes de septiembre tras ser acusado de un supuesto delito de tráfico de influencias dentro del conocido como caso ‘Richard Swing’, pero el pasado 9 de noviembre no obtuvo el respaldo del Congreso y fue aprobada una vacancia presidencial en su contra.
La propuesta de moción de censura, que en un principio no parecía que fuera a salir adelante, se produjo después de que tres aspirantes a colaborador del equipo especial Lava Jato, entre ellos un antiguo alto cargo de Obrainsa –vinculada con la brasileña Odebrecht–, afirmaran que Vizcarra habría recibido por parte de esta empresa unos 550.000 euros en sobornos a cambio de un proyecto de irrigación en 2013, y de una serie de contratos públicos para la construcción de un hospital.
Tras la salida de Vizcarra, el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia interina, hecho que desató las protestas en las calles peruanas, marcadas por la represión policial y la muerte de dos manifestantes. Ante la presión, Merino dimitió del cargo, tras lo que Francisco Sagasti ha sido designado por la Cámara Baja peruana como nuevo presidente.
En su discurso de investidura, Sagasti hizo referencia a la esperada resolución del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la moción de censura y expresó su deseo de que esta «permita un mejor uso de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado».
