El Tribunal Constitucional de Colombia ha prohibido este jueves al Congreso seguir manteniendo sus sesiones por videoconferencia mientras dure la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 y ha exigido a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes que vuelvan a ocupar sus escaños.
La decisión ha sido aprobada por cinco votos a favor y por cuatro en contra, tras considerar que el artículo 12 del decreto 491 firmado el 28 de marzo, que daba la posibilidad a los representantes estatales a seguir las sesiones de manera virtual, no se ajustaba a la Constitución del país.
De acuerdo con el Alto Tribunal, su decisión se ha tomado «sin perjuicio» de la salud de los representantes y senadores, así como cumpliendo con las garantías que aseguran la «protección de todas las personas que integran el Congreso de la República y su cuerpo de funcionarios y empleados».
El fallo del Constitucional, que no afectará a lo aprobado por las cámaras hasta la fecha –como la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad–, ha decretado que representantes y senadores deberán volver a ocupar sus escaños a partir del 20 de julio, apunta el diario ‘El Espectador’.
La medida ha sido aplaudida por algunos miembros, como el senador por el Partido de la U, Roy Barreras, quien ha calificado la decisión de «gran noticia para la democracia y el equilibrio de poderes» y ha agradecido al Constitucional la decisión, pues «era inaceptable que el Gobierno abriera peluquerías, iglesias, espectáculos» y mantuviera «el Congreso anulado» bajo un «decreto ilegal» y con la «complicidad de muchos».
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, ha querido matizar que no han llevado a cabo las sesiones bajo el marco legal del artículo 12 del decreto 491, sino a partir de la ley 5 de 1992 «y a partir de nuestra autonomía proferimos una resolución interna que nos permitió adelantar nuestra actividad de forma virtual».
A través de un vídeo difundido por las redes sociales, Cuenca ha expresado que el sentir de la Cámara es que el Constitucional está explicando al Gobierno «que no puede, a través de un decreto, modificar una ley orgánica ni romper el equilibrio de poderes haciendo intromisiones del Ejecutivo al Legislativo».
