El Tribunal Constitucional de Colombia ha decidido este lunes no variar en ningún sentido la actual ley del aborto, vigente en el país desde 2006, tras responder con un fallo inhibitorio a la demanda presentada por una abogada que solicitaba penalizar la interrupción de embarazo sea cuales fueran los supuestos, ya que no cumplía con todos los requisitos para poder llevar a cabo un análisis a fondo.
La actual ley del aborto data de 2006 y permite cualquier interrupción del embarazo siempre y cuando esté en riesgo la salud o la vida de la madre, por una malformación del feto o en caso violación.
El presidente del Constitucional, Alberto Rojas Ríos, ha comparecido ante los medios para informar de que, por seis votos a tres, el Alto Tribunal se declaraba «inhibido» de tomar una decisión debido a la «ineptitud sustantiva de la demanda», pues no han existido, ha dicho, «razones poderosas que justifiquen que se vuelva a analizar una norma que ya fue objeto de control constitucional».
En ese sentido, Rojas ha explicado que la demanda que presentó la abogada antiabortista Natalia Bernal «se basa en interpretaciones subjetivas» y «argumentos genéricos y excesivamente vagos», según ha recogido el diario colombiano ‘El Espectador’. Además, ha continuado, las razones planteadas adolecen de «coherencia argumentativa» y «no son capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado demandado».
La propuesta restrictiva de Bernal fue aprovechada por los colectivos en favor del aborto para reivindicar y exigir una legislación que lo despenalizase por completo y no sólo bajo los tres supuestos que recoge la ley de 2006.
La otra propuesta presentada era la del magistrado del Constitucional Alejandro Linares, quien ha defendido liberalizar el aborto durante los primeros tres meses de gestación, tiempo a partir del cual entrarían en vigor otra vez las tres causales de 2006.
Uno de los argumentos que ha expuesto Linares es el estigma social y la criminalización que todavía existe en torno al aborto, ya que la legislación colombiana contempla hasta tres años de cárcel, lo que ha facilitado que muchas mujeres acaben siendo víctimas de redes clandestinas y abortos ilegales que ponen en riesgo sus vidas.
Según el Ministerio de Salud, en el año 2016 han muerto seis mujeres al mes a consecuencia de abortos practicados en centros y clínicas ilegales, la cuarta causa de muerte materna en Colombia, y más de 130.000 han sufrido complicaciones y secuelas físicas y mentales tras verse abocadas a recurrir a este tipo de prácticas ilegales.
