El Congreso de Guatemala ha aprobado en una tensa sesión el archivo definitivo de los presupuestos generales de 2021, origen de una ola de protestas que derivó el pasado fin de semana en el incendio de la sede del propio órgano legislativo y en críticas frontales contra el Gobierno de Alejandro Giammattei.
El presupuesto, estimado en 99.700 millones de quetzales (unos 10.800 millones de euros), fue el principal catalizador de unas movilizaciones en las que se vertieron críticas contra el Ejecutivo y contra la corrupción. Con el Teatro Nacional por escenario ante los daños sufridos por el Congreso, donde prosiguen las investigaciones, los diputados han dado marcha atrás a estas cuentas.
Durante la sesión del miércoles, que se prolongó durante nueve horas, los legisladores también han anulado el presupuesto del Congreso y dos préstamos de varios cientos de millones de dólares para financiar el gasto público, informa el diario ‘Prensa Libre’.
La tensión que se respira estos días en las calles de Guatemala se ha trasladado al interior del Teatro Nacional, donde dos diputados de un mismo partido –Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)– pero facciones diferentes protagonizaron una tensa discusión que cerca estuvo de llegar al enfrentamiento físico. La vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, también ha acusado a uno de estos diputados, Mario Taracena, de agredirla física y verbalmente durante la sesión.
EL MINISTRO DEL INTERIOR, EN EL PUNTO DE MIRA
El Congreso ha puesto en el punto de mira al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, por la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas de la semana pasada. La oposición le culpa de la represión policial, por lo que ha planteado una moción para recomendar a Giammattei su destitución, pero el oficialismo no ha respaldado dicha propuesta.
Reyes ha alegado que desconoce quién dio la orden de lanzar gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes, después de que las redes sociales hayan servido como altavoz para la difusión de vídeos en los que se aprecia una supuesta actuación excesiva por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), informa ‘El Periódico’ guatemalteco.
