Estados Unidos ha ofrecido este lunes una recompensa de cinco millones de dólares a cambio de información que permita «arrestar y/o condenar» a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, el superintendente de SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptomonedas de Venezuela, por participar en «el crimen organizado transnacional».
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha explicado en un comunicado que Ramírez Camacho, al mismo tiempo que ostenta cargos públicos, «ha violado la confianza pública conspirando para lavar fondos ilícitos obtenidos en Venezuela».
Según la agencia liderada por Mike Pompeo, Rodríguez Camacho fue acusado de manera formal junto al ministro de Petróleo venezolano, Tareck el Aissami, de varios delitos transnacionales, incluido el blanqueo de capitales, en el distrito sur de Nueva York.
«Las personas de Venezuela merecen un gobierno que hayan elegido libremente y cuyos oficiales no conspiren con aliados para participar en delitos de robo al pueblo» del país latinoamericano, ha criticado el Departamento de Estado, que ha insistido en que el país está comprometido con los venezolanos para «restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas».
Por su parte, Venezuela ha rechazado las acusaciones sobre Ramírez, al que ha calificado de «compatriota insigne», y ha especificado que se trata de «acusaciones infundadas, extraídas de un mediocre guión hollywoodiense».
«Este nuevo ataque responde claramente a la intención de afectar directamente las políticas económicas con las que el pueblo venezolano hace frente al bloqueo criminal promovido desde el gobierno fascista de la Casa Blanca a través de sanciones ilegales», ha señalado el Ministerio de Exteriores de Venezuela.
Así, a juicio de la cartera que ostenta Jorge Arreza, Estados Unidos, «en medio de las protestas masivas más importantes que ha sufrido en las últimas décadas y en medio de su crisis humanitaria más profunda en un siglo, busca distraer la atención de la opinión pública reforzando sus prácticas ilegales y coercitivas contra Venezuela, con el perverso objetivo de obstaculizar el derecho a la paz y el desarrollo de la sociedad».
Por último, ha insistido en que Venezuela denuncia ante la comunidad internacional «este sistema de cínicos ataques del Gobierno de Donald Trump contra la seguridad e integridad de las instituciones venezolanas y sus funcionarios».
Según el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores, estos «ataques» sólo renuevan «su compromiso para defender con mayor ahínco la soberanía de su pueblo ante las agresiones de un Gobierno forajido, como el de Donald Trump».
Los departamentos de Justicia y Estado estadounidenses anunciaron en marzo una recompensa de hasta 15 millones de dólares a cambio de cualquier información que permitiera «detener y/o procesar» al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de «narcoterrorismo».
Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra Maduro y altos cargos venezolanos por narcotráfico, corrupción y violaciones de los Derechos Humanos. Washington es el principal valedor de Juan Guaidó en la comunidad internacional, al que reconoce como «presidente encargado» de Venezuela. Guaidó, que se arrogó este cargo en enero de 2019, ha prometido desahuciar a Maduro de Miraflores para dar paso a una transición democrática.
