El expresidente de Bolivia Evo Morales
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia han detenido este viernes a Patricia Hermosa, la exjefa de gabinete del expresidente Evo Morales, encargada de inscribir la candidatura del líder indígena para las elecciones del 3 de mayo. La detención se ha producido por mandato de la Fiscalía de Bolivia y, al parecer, se ha llevado a cabo sin una orden, según ha informado el diario local ‘Página Siete’.
Por su parte, Morales ha denunciado la detención de Hermosa, que ha tildado de «ilegal», al tiempo que ha indicado que se ha producido un «secuestro» de su documentación.
«Denuncio ante la comunidad internacional la detención ilegal de mi apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para mi postulación como asambleísta y el secuestro de toda mi documentación personal, como mi libreta de servicio militar», ha indicado el exmandatario a través de su cuenta de Twitter.
«No hay democracia ni elecciones limpias cuando existen detenciones diarias y violación a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos», ha indicado antes de reclamar la «inmediata liberación» de Hermosa y la «devolución de todos» sus documentos.
Por último, ha pedido a los «golpistas», en referencia al Gobierno interino de Bolivia, «no someterse a las imposiciones de Estados Unidos».
«En octubre ganamos en primera vuelta y nos robaron el triunfo. Luego me obligaron inconstitucionalmente a renunciar a la candidatura presidencial. Ahora, secuestran mi documentación para evitar que postule a la Asamblea (Legislativa Plurinacional de Bolivia)», ha insistido.
El líder indígena otorgó el miércoles un poder especial a su abogado, Wilfredo Chávez, y a Hermosa para ser inscrito como aspirante a diputado o senador por el partido Movimiento al Socialismo (MAS) en los próximos comicios.
El Gobierno de Bolivia ya avisó de que pretende acudir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) e impugnar la candidatura del expresidente. Sin embargo, Morales considera que «legalmente» tiene el derecho a presentarse a las elecciones y ha acusado al Gobierno de Jeanine Áñez de querer «silenciarle».
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