La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía de Bolivia contra el excandidato presidencial Luis Fernando Camacho y su padre, así como a varios antiguos altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía por supuestos delitos de «conspiración» y «desestabilización» tras la fallida victoria del expresidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
Además de Camacho, la denuncia va dirigida contra su padre, José Luis Camacho, contra los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Polícia Yuri Calderón, a los que se acusa de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los que además ha solicitado su detención inmediata ante el riesgo de fuga.
También se acusa al jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas en el momento de los acontecimientos, Sergio Carlos Orellana Centellas, y al jefe del Estado Mayor del momento, Flavio Gustavo Arce San Martín.
Los hechos llevados a cabo por los acusados en noviembre de 2019 «han causado conmoción social» en el país, según señala el texto remitido a la Fiscalía de La Paz, tal y como recoge ‘El Deber’, y fueron cometidos contra el expresidente Evo Morales, el entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra Arriaza y el expresidente del Congreso Víctor Ezequiel Borda Belzu.
«Nadie está haciendo seguimiento» de la implicación de los acusados, ha lamentado Patty y ha asegurado que están «libres y tranquilos» tras desestabilizar «económicamente y políticamente» al país.
Camacho y su padre habrían pagado presuntamente a miembros de las fuerzas de seguridad boliviana para desestabilizar el triunfo de Morales en aquellos comicios celebrados en octubre del año pasado, que no contaron con el reconocimiento ni de la oposición y no por parte de una facción de las Fuerzas Armadas, que acabaron forzando la renuncia del expresidente, quien puso rumbo a México.
En este sentido, la exdiputada asegura que el excomandante de las Fuerzas Armadas habría «deliberado y sugerido» a Morales su renuncia, violando así la Constitución, pues no contaría con el apoyo del Ejército ni de la Policía, accediendo finalmente ante «el riesgo inminente de perder la vida», y velando «por que el pueblo boliviano no sea masacrado».
Según el relato de la denuncia, el 21 de octubre de 2019 empezó a gestarse «un golpe de Estado, con la quema de los tribunales departamentales electorales al mando de Luis Fernando Camacho». Posteriormente, Camacho llegaría el 5 de noviembre a La Paz asegurando que «logró evadir el bloqueo gracias al apoyo de la Policía y militares, quienes le brindaron paso por sus hangares».
«El 8 de noviembre, en la ciudad de Cochabamba, comenzó el amotinamiento por efectivos de la unidad de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales). Sucesivamente, se sumaron en otros departamentos, conforme a lo planificado por José Luis Camacho y Luis Fernando Camacho y otros», continúa la denuncia.
Todo culminaría el 10 de noviembre, cuando los militares «deliberaron» y sugirieron públicamente a Morales que renunciara al mandato presidencial por supuestas irregularidades en las elecciones, algo a lo que Morales finalmente accedió, saliendo del país y desatando una ola de protestas por todo el territorio en contra de su renuncia, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos violento contra las fuerzas de seguridad dejando centenares de heridos y decenas de muertos.
