Amnistía Internacional (AI) ha denunciado 125 incidentes de violencia policial contra manifestantes, personal sanitario, periodistas y miembros de equipos de observación judicial registrados en las protestas antirracistas de Estados Unidos, enmarcadas en el movimiento ‘Las Vidas Negras Importan’.
Así lo ha hecho en un informe, titulado ‘El mundo está mirando: violaciones masivas de los derechos de los manifestantes de Las Vidas Negras Importan’ por parte de la Policía estadounidense que se ha publicado este martes, en el que ha precisado que los incidentes se registraron en 40 estados y el Distrito de Columbia entre mayo y junio.
El informe, basado en más de 50 entrevistas realizadas por AI, pone de relieve las experiencias de varias personas en el contexto de las protestas contra la violencia policial y el racismo, desatadas tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis. Según ha destacado AI, se trata del análisis de Derechos Humanos de violencia policial contra manifestantes «más completo hasta la fecha».
La organización ha revelado que los organismos de aplicación de la ley hicieron uso «reiterado» de la fuerza física, de sustancias químicas irritantes como el gas lacrimógeno y los aerosoles de pimienta, y proyectiles de impacto cinético como táctica de primer recurso contra manifestantes pacíficos y no como respuesta a ningún tipo de amenaza o violencia reales. También se cometieron violaciones de los derechos de las personas durante arrestos y detenciones.
En concreto, entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020, Amnistía Internacional documentó al menos seis incidentes en los que la Policía usó porras y 13 de uso de proyectiles de impacto cinético como granadas de esponja y balas de goma en 13 ciudades de Estados Unidos.
También encontró «numerosos casos de uso innecesario» de gas lacrimógeno y aerosoles de pimienta como primer recurso para dispersar grandes grupos de manifestantes pacíficos: 89 casos de uso específico de gas lacrimógeno en ciudades de 34 estados y 21 incidentes de uso ilegítimo de aerosoles de pimienta en 15 estados y en el Distrito de Columbia.
«Estas tácticas innecesarias y excesivas fueron empleadas también por los organismos de aplicación de la ley contra personal médico, miembros de equipos de observación judicial y representantes de medios de comunicación», ha subrayado el organismo.
AI ha puesto de relevancia que el uso de gas lacrimógeno durante la pandemia de COVID-19 es especialmente irresponsable. «Mientras los manifestantes salían a la calle con mascarillas y tratando de mantener la debida distancia física debido al virus, la Policía disparaba gas lacrimógeno y aerosoles de pimienta, aumentando el riesgo de problemas respiratorios y la liberación de partículas en suspensión que podían propagar el virus», ha criticado.
Entre los testimonios recogidos por AI, destaca el de Danielle Meehan, enfermera de cuidados intensivos que trató a la estudiante de 26 años Aubreanna Inda después de que fuera alcanzada por una granada paralizante en Seattle.
Meehan, ha contado que Inda le dijo que creía estar muriendo tras recibir el impacto de una granada paralizante. «Se quedó sin pulso tres o cuatro veces después de que mis colegas y yo empezásemos a tratarla. La reanimamos cada vez con reanimación cardiopulmonar», ha explicado.
«Al principio es como la sensación que tienes cuando cortas cebolla y luego se intensifica hasta que te quema la piel (…) Tenía mucha piel al aire y estuvo quemándome durante una hora. Me hizo toser mucho, tuve que quitarme la mascarilla porque tenía gas lacrimógeno en ella (…) así que aunque está la COVID-19, tuve que quitarme la mascarilla», ha relatado Elena Thoman, de 17 años.
Por su parte, el investigador de AI Estados Unidos Justin Mazzola ha criticado que «la Administración (de Donald) Trump está redoblando actualmente su represión al estilo militar contra quienes protestan, con la atroz defensa del fiscal general, William Barr, del uso de tropas federales en Portland y amenazas de desplegar más agentes en otras ciudades».
«Los actos del presidente Trump representan un callejón sin salida hacia el autoritarismo y deben cesar inmediatamente. Necesitamos que se cambie de abajo arriba el enfoque del país hacia la actuación policial en las protestas en los ámbitos local, estatal y federal», ha agregado.
RECOMENDACIONES
AI ha pedido al Congreso estadounidense que apruebe la Ley de Protección para nuestros Manifestantes (HR 7315). La organización ha reclamado también que todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley revisen sus políticas y prácticas sobre la actuación policial en las protestas y cumplan las normas internacionales de Derechos Humanos.
Además, han recomendado que el Departamento de Justicia y los fiscales generales de cada estado investiguen de forma «efectiva, imparcial y sin demora» todas las denuncias de violaciones de Derechos Humanos a manos de agentes de Policía durante reuniones públicas, incluido el uso ilegítimo de la fuerza.
Así, deben lograr que todos los que sean hallados responsables, mandos incluidos, rindan cuentas en procedimientos penales o disciplinarios y ofrecer a las víctimas pleno acceso a la reparación, ha reclamado Amnistía Internacional.
