El Senado de Colombia ha aprobado este lunes el proyecto de ley que elimina los beneficios penitenciarios para aquellos que cometen delitos fiscales contra la administración pública, como el de cumplir la condena en casa en vez de hacerlo en prisión.
El proyecto cuenta además con otras restricciones, como la de inhabilitar para participar en contratos públicos a todas aquellas empresas que hayan cometido algún delito contra la administración y el Estado, en ese sentido, tampoco podrán reclamar indemnización, como en el caso de la empresa brasileña Odebrecht, implicada en numerosos casos de corrupción en América Latina.
Lo más significativo del nuevo proyecto es la eliminación del beneficio penitenciario por el cual todo aquel condenado por corrupción podía solicitar cumplir su condena en su casa.
Por lo tanto no podrán aspirar a esta prebenda quienes hayan sido acusados de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricación, falso testimonio, soborno, amenazas y coacciones, y alteración o destrucción de pruebas, ha explicado el periódico colombiano ‘El Espectador’.
La ministra del Interior de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, ha celebrado «que después de un año y medio de trabajo estos proyectos anticorrupción» hayan podido salir adelante.
«Es un logro haber sacado adelante la publicación obligatoria de la declaración de renta, la modificación del régimen de conflicto de intereses y todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas», ha enumerado Gutiérrez.
A la espera de que sea sancionada por el presidente de Colombia, Iván Duque, el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, ha advertido de que todavía debe ser corregido el proyecto pues «por la puerta de atrás eliminaron la posibilidad de aplicar la caducidad por actos de corrupción en la ejecución del contrato», lo que podría dar la posibilidad a los «megacontratistas» de reclamar indemnización.
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