El embajador de Colombia en Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, ha asegurado que «no hay ninguna batalla» con la organización internacional, a pesar del malestar expresado por el Gobierno de Iván Duque por los recientes informes de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
«Aquí no hay ninguna batalla. La relación es armónica. Siempre sobre estos temas sensibles ha habido discrepancias», ha dicho el diplomático colombiano en declaraciones a Blu Radio.
Así, De Soto ha asegurado que «Colombia desea continuar recibiendo una colaboración en Derechos Humanos para avanzar en esa materia». «Hay que mirar hacia el futuro en la relación con la ONU», ha afirmado.
La polémica más reciente se debe al informe presentado por el relator de la ONU sobre defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, en el que señaló a Colombia como el país latinoamericano con mayor número de activistas asesinados tanto por actores estatales como no estatales, incluidas empresas nacionales y trasnacionales.
La reacción de la Casa de Nariño llegó por boca de la ministra de Interior, Alicia Arango, quien aseguró que en Colombia hay más muertes por robo de teléfonos móviles que por ser defensores de los Derechos Humanos.
«Lamento este tipo de declaraciones irresponsables, especialmente cuando las hace un ministro en ejercicio», la respondió Forst, en declaraciones recogidas por el diario colombiano ‘El Tiempo’.
El Ejecutivo de Duque también expresó su rechazo al informe presentado la semana pasada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Colombia en el marco del 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bachelet denunció «la persistencia de los altos niveles de violencia» en Colombia, indicando que solo en 2019 se registraron 36 masacres, por lo que instó al Gobierno a abordar las «causas estructurales» y perseguir a los «autores intelectuales».
«Me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial», dijo Duque, quien además vio una «intromisión a la soberanía» de Colombia por parte de la ONU por decir que «la Policía debe pasar al Ministerio de Interior».
Colombia sufre una ola de violencia desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el anterior Gabinete de Juan Manuel Santos y las FARC debido principalmente a la lucha entre grupos rivales por apoderarse del territorio y los negocios de la antigua guerrilla.
De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, 86 de ellos solo en 2019, y 173 ex guerrilleros de las FARC, de los cuales 77 murieron el año pasado.
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