Cientos de manifestantes se han reunido este lunes en las calles del casco antiguo de San Juan, la capital de Puerto Rico, para exigir la dimisión de la gobernadora Wanda Vázquez, criticada por la ineficiencia que habría mostrado en la gestión de la ayuda humanitaria entregada a este Estado asociado de Estados Unidos tras el huracán ‘María’, que arrasó gran parte de la isla en 2017. La población se ha lanzado nuevamente a las calles para protestar después de que se conociera este pasado sábado que un almacén del Gobierno repleto de avituallamientos cerca de la ciudad de Ponce, lugar próximo al epicentro de la serie de terremotos que devastaron parte de la isla, y que provocaron casi 3.000 muertos, no había sido utilizado para ayudar a las víctimas.
Los manifestantes presentes en las protestas, que tuvieron como principal escenario los alrededores de La Fortaleza, la residencia oficial de la gobernadora Vázquez, corearon consignas y cantos contra ella y su equipo de Gobierno como «ladrones indecentes» y «Wanda, renuncia».
Las víctimas, así como algunos sectores de los medios de comunicación, han acusado al Gobierno de ser «una pandilla de saqueadores», además de «cómplices». En ese sentido, han insistido en la necesidad de una clase dirigente «limpia y transparente».
Por su parte, Wanda Vázquez despidió a tres miembros de su equipo, entre ellos el que fuera jefe de la Agencia de Gestión de Emergencias, Carlos Acevedo, por el caso del almacén en el que las autoridades dejaron perecer comida, así como otros productos de primera necesidad como agua, productos para bebés, baterías, mantas y otro tipo de material esencial para estas situaciones.
La gobernadora, quien asumió el cargo en agosto tras la salida de Ricardo Rosselló por las numerosas protestas, siempre negó ser conocedora de estas instalaciones hasta que salieron a la luz a través de la redes sociales.
El descubrimiento de esta negligencia del Gobierno de la isla se produce poco después de que Washington decidiese, tras acusaciones de la oposición demócrata de haber estado dilatando el proceso, enviar 8.200 millones de dólares a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para intentar ayudar a unas 7.000 personas.
La Administración de Donald Trump había sido muy crítica con las gestiones que Puerto Rico había estado haciendo de la crisis, incluyendo acusaciones de corrupción por parte del propio presidente de Estados Unidos, quien en octubre calificó de «roto» el sistema político de la isla, al estar liderada por «incompetentes y corruptos».
El Gobierno de Trump había sido criticado por los demócratas, quienes hasta le acusaron de «racista», por condicionar las ayudas a la isla a cambio de una serie de controles y condiciones para, explicó, evitar mejor casos de corrupción, como el de la antigua administradora de la Agencia Federal de Emergencias, quien fue arrestada en septiembre de 2019 acusada de haber aceptado sobornos de una compañía a cambio de contratos públicos valorados en 1.800 millones de dólares para reparar la red eléctrica.
El desastre, que provocó un pulso entre el Gobierno de Puerto Rico y el de Donald Trump a cuenta de culpas y responsabilidades, se cebó especialmente con las áreas más pobres, donde la probabilidad de perder la vida fue un 60 por ciento superior, y con las personas mayores, entre las cuales el riesgo también se disparó un 35 por ciento.
