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Constitución de Chile

Chilenos leen su Constitución antes de decidir si quieren cambiarla

El texto legal es el libro de no ficción más vendido en la última semana en las librerías de Santiago.

Constitución de Chile

En librerías, a través de internet o en las calles, los chilenos agotan las ediciones de su Constitución -un legado de la dictadura de Augusto Pinochet-, en pleno proceso para cambiarla por primera vez desde el retorno de la democracia.

El texto legal es el libro de no ficción más vendido en la última semana en las librerías de Santiago y también en el comercio callejero, que florece estos días al calor de las multitudinarias marchas.

«La Constitución chiquillos… barata, para que votemos», gritaba un vendedor ambulante en la avenida Alameda, donde vendía a 1.000 pesos (1,3 dólares) la versión pirata de la carta magna.

«¡Quema esa weá (tontera) hermano!», le gritó un transeúnte al pasar a su lado, desconfiado del acuerdo que la semana pasada alcanzó el Congreso para llamar en abril a un plebiscito en el que se votará por un cambio de la Constitución y se definirá el mecanismo del cambio, en un intento por acallar las protestas sociales que estallaron hace un mes en Chile.

En kioscos del centro de Santiago el libro era el best-seller del momento:

«No era un libro muy cotizado y ahora se venden 10 o 12 al día; es un aumento considerable», relata a la AFP Emanuel Rivas, un venezolano de 31 años que lleva dos viviendo en Santiago, que vendía el texto en un puesto del centro de la ciudad.

El fenómeno se repite también en las librerías establecidas. El texto -editado por la Editorial Jurídica- lideraba el ranking de libros de «no ficción» de la última semana de la Revista del Libro del diario El Mercurio. Le siguen «Héroes, historia secreta de Chile», de Jorge Baradit, y «Astrología para tiempos difíciles», de Consuelo Ulloa.

«Se ha podido percibir un destacado interés por adquirir el texto de la Constitución Política de la República, sin que sea posible dimensionar el número exacto de ejemplares vendidos pues el cierre se efectúa a fines de mes», explica a la AFP Juan Contreras, administrador de librerías de la Editorial Jurídica.

Pero en cifras aproximadas, las ventas en lo que va de noviembre «representa un volumen de alrededor del 40% más que todo lo vendido durante el año 2018 y de un 20% comparado con el mes de septiembre pasado», agrega.

¿Por qué la compran?

Los ejemplares de la Constitución los compran jóvenes y adultos, y todos dicen que lo hacen para conocer qué es lo que está establecido en su texto, vigente desde 1980, agrega Rivas, el vendedor venezolano.

La actual Constitución chilena, que fue aprobada en la dictadura en un cuestionado plebiscito, se sitúa hoy al frente de los reclamos ciudadanos, al hacer perdurar la influencia de los grupos conservadores más allá del fin de la dictadura y marcar las desigualdades de la sociedad chilena.

Pero algunos también se confunden y creen que ya es el texto reformado.

«La gente piensa que es la nueva y me preguntan: ¿Es la nueva? ¡Cómo tan ignorantes!», se queja Jorge Ulloa, un jubilado de 65 años que la vendía en el céntrico paseo Ahumada de Santiago.

«La compran para leerla. Muchos reconocen que nunca la habían leído y quieren estar informados, algunos para participar de cabildos ciudadanos», dice Moisés Vergara, vendedor de una de las librerías de la Editorial Jurídica.

Tras el acuerdo en el Congreso, al que arribaron parlamentarios de la oposición y el gobierno del derechista Sebastián Piñera, los chilenos deberán decidir en un plebiscito en abril –en una fecha aún no definida- si reforman o no la Constitución del régimen de Pinochet (1973-1990).

También se votará en esa misma instancia bajo qué mecanismo podría hacerse el cambio: mediante una Asamblea Constituyente, como promueve la oposición, o con una convención mixta que incluya a miembros del Congreso y asambleístas, como busca el oficialismo.

En caso de aprobarse la modificación constitucional, los chilenos deberían elegir en octubre a los asambleístas, que tendrán un plazo inicial de nueve meses para redactar el nuevo texto, el que debería ser ratificado en otra consulta, esta vez con voto obligatorio en unos dos años más aproximadamente.

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