Cabildo Abierto desata la polémica en Uruguay por criticar los procesos a ex represores en plena pandemia

El líder de la formación ultraderechista Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ha criticado que se siga procesando a los culpables de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar de Uruguay (1973-1985) en medio de la pandemia de coronavirus, volviendo a situar así al régimen castrense en el foco de la polémica.

El origen de la controversia son unas declaraciones que el general retirado hizo durante la sesión del martes en el Senado a raíz de la detención el pasado 26 de marzo del capitán retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33).

«¿Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?, planteó Manini Ríos, que ha optado por no formar parte del Gobierno y mantenerse como senador, aunque su partido está integrado en la «coalición multicolor» que sostiene al Ejecutivo de Luis Lacalle Pou.

Manini Ríos indicó que Rodríguez «es un capitán retirado del Ejército de 75 años que fue intervenido recientemente del intestino y tiene además otras dolencias», por lo que es una persona de riesgo en lo que a un posible contagio se refiere.

Además, cuestionó que «en un momento de feria judicial en la cual la Justicia no actúa en sinnúmero de casos» sí se haya detenido «a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias».

«El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad haciéndola pagar por sus desvaríos sesentistas», añadió, lamentando la «tergiversación» de la Historia «por parte de las nuevas generaciones».

No es la primera vez que Cabildo Abierto polemiza con los crímenes de la dictadura. El propio Manini Ríos recordó que fue cesado por denunciar que, según él, se estaba juzgando militares «por hechos ocurridos hace 40 o 50 años» sin las garantías suficientes.

Desde la oposición izquierdista del Frente Amplio ya han criticado las palabras del líder de Cabildo Abierto. «No creemos que el juzgar y encarcelar a octogenarios es un acto de violación de los Derechos Humanos, porque se hace con todas las garantías de esta democracia», ha dicho el diputado Daniel Gerhard, del Partido por la Victoria del Pueblo.

Interrogado sobre este asunto en rueda de prensa, el ministro de Defensa, Javier García, se limitó a declarar que la meta del Gobierno es «trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos».

García es miembro del Partido Nacional de Lacalle Pou, pero su subsecretario, Rivera Elgue, de Cabildo Abierto, dijo antes de asumir el cargo que si las Fuerzas Armadas hubieran actuado mal durante la dictadura militar, «tendría que haber muchos más desaparecidos» en Uruguay. Según sus cálculos, hubo solo una treintena, pero no tuvo en cuenta a las víctimas del Plan Cóndor.

CESE EN SANIDAD

Las declaraciones de Manini Ríos no son el único problema al que se enfrenta el Gobierno de Lacalle Pou estos días. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ha cesado a la directora de Laboratorios, Verónica Seija, que se encargaba de las pruebas diagnósticas del coronavirus.

Según fuentes consultadas por el diario uruguayo ‘El País’, la salida de Seija obedece a las diferencias con el ministro sobre la gestión de la crisis sanitaria, si bien el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, ha asegurado a ese medio que se debe e la necesidad de «mejorar la gestión del laboratorio de Salud Pública».

Además, el Gobierno investiga el abandono de dos cargamentos con material sanitario donados por otros países para ayudar a Uruguay a frenar el avance del virus. El director de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli, lo ha atribuido a la «desidia».

Uruguay, con unos 500 casos, incluidas ocho muertes, es uno de los países menos afectados de América Latina, ha adoptado medidas preventivas pero no ha declarado una cuarentena obligatoria.

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