El Gobierno interino de Bolivia ha anunciado este domingo a través de un nuevo decreto el endurecimiento de las penas contra aquellas personas que difundan información sobre la pandemia de Covid-19 que «afecte a la salud pública», o «genere incertidumbre», amparándose en la declaración de emergencia sanitaria decretada hace dos meses.
Esta nueva norma viene a modificar los artículos de dos decretos anteriores con los que el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez pretende prevenir la desinformación no sólo en los medios de comunicación, sino también en el plano artístico.
De acuerdo con el texto, «las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, podrán ser denunciadas por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal».
Esta modificación parcial de los decretos 4199 y 4200, a través del texto 4231, promulgado el pasado 7 de mayo por Áñez, incluye la novedad de poder tipificar estos supuestos delitos dentro del Código Penal, ha explicado el diario boliviano ‘El Deber’.
No obstante, como alternativa a esta nueva ley, se encuentra el Artículo 103 de la Constitución boliviana, que contempla la obligación por parte de los emisores de contenido a difundir una información responsables y veraz, dejando a los órganos de autorregulación de los periodistas y a los jurados de imprenta, la potestad para controlar que se cumplan estas dos premisas.
En cuanto a la situación de la pandemia, en su último informe, las autoridades sanitarias de Bolivia han informado de 12 nuevos fallecimientos por Covid-19, lo que hace un global de 118 muertes, mientras que el número de casos ha subido hasta los 2.556.
