Baltasar Garzón asume la defensa del supuesto testaferro de Maduro para dar «una batalla política y jurídica»

El despacho de abogados del ex juez español Baltasar Garzón, ILOCAD, ha anunciado este miércoles que asume la defensa de Álex Saab, el empresario colombo-venezolano acusado de ser el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para dar «una batalla política y jurídica».

«ILOCAD ha asumido la coordinación del equipo internacional de defensa de Álex Saab, detenido en Cabo Verde y acusado de lavado de dinero por parte de Estados Unidos», ha informado el International Legal Office for Cooperation and Development en un comunicado.

El despacho de Garzón ha considerado que «existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense», así como «evidencias» de que «se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas».

En su opinión, «el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado a Estados Unidos».

A este respecto, ha advertido de que, «en caso de ser extraditado a Estados Unidos, el señor Saab es susceptible de sufrir una situación de tortura o trato cruel, inhumano o
degradante, fruto de ser sometido a un proceso penal eminentemente político», por lo que «se podrían producir daños a la integridad física y psíquica».

ILOCAD ha sostenido que «muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional».

«Consideramos que desde Estados Unidos se mantiene una batalla diplomática contra Venezuela a través de distintas herramientas, entre ellas las sanciones extraterritoriales contrarias al Derecho Internacional, o a través de la imposición de restricciones económicas a Venezuela», ha apuntado.

Así, ha afirmado que «la acción que la Justicia y la Administración norteamericanas están llevando a cabo contra diferentes personas venezolanas, y especialmente en este caso contra el señor Saab, forman parte de una estrategia política de guerra jurídica inaceptable por parte de aquel país».

«Consideramos que esta acción judicial responde a una persecución política de los intereses del Poder Ejecutivo en su lucha diplomática contra Venezuela», una «batalla» que «se ha implementado a través de la justicia (…) con acciones judiciales contra venezolanos que se han convertido en un brazo más de la diplomacia norteamericana», ha aseverado.

ILOCAD ha enfatizado que «esta batalla política y jurídica se extiende no sólo contra Venezuela, sino contra otros países y personas, por lo que debe ser valorada y analizada con rigor a la luz de los estándares internacionales del Derecho de los Derechos Humanos».

El despacho de Garzón ha declarado que «trabajará con todas las herramientas disponibles y necesarias» para garantizar los derechos de su cliente. «Por eso, (…) acudiremos a los diferentes organismos e instituciones competentes dependientes de Naciones Unidas y de la Unión Africana para hacer valer los derechos del señor Saab», ha avanzado.

«AGENTE» DEL GOBIERNO VENEZOLANO

Saab fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde durante la parada técnica que hizo el avión privado en el que viajaba a Irán en calidad de «agente» del Gobierno de Maduro para realizar gestiones relacionadas con la obtención de alimentos e insumos médicos para combatir el coronavirus, según reconoció el Ministerio de Exteriores venezolano.

La oposición venezolana señala a Saab como el encargado de gestionar el «dinero mal habido» de Maduro, supuestamente obtenido de actividades ilegales entre las que cuenta la minería ilegal y el narcotráfico, así como el ‘cerebro’ de la ‘Operación Alacrán’ para arrebatar a Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional.

La defensa de Saab se encuentra inmersa en una batalla legal en Cabo Verde para impedir que el empresario colombo-venezolano sea extraditado a Estados Unidos.

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