Carabinero durante las protestas sociales en Chile
La Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno ha aprobado este lunes por tres votos a favor y dos en contra una resolución que defiende conceder un indulto general por razones humanitarias a quienes han sido imputados durante las protestas sociales.
La iniciativa ha contado con el apoyo de los tres senadores de la oposición que integran la comisión y que además son autores de la misma: la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (Partido por la Democracia, PPD); el presidente de la comisión, Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática, RD) y la senadora Yasna Provoste (Partido Demócrata Cristiano, DC). Los propios impulsores han reconocido que el texto necesita modificaciones.
Los senadores Iván Moreira (Unión Demócrata Independiente, UDI) y Felipe Kast (Partido Evolución Política, Evópoli) han rechazado la iniciativa y porque «justifica la violencia» y se inmiscuye en las funciones del Poder Judicial.
El texto deberá pasar ahora a las comisiones de Constitución y Seguridad, para luego ser o no ratificado por el pleno del Senado.
El 18 de octubre de 2019 marcó el inicio de las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente de Chile. Comenzaron como una movilización contra la subida del precio del transporte público, pero desembocaron en denuncias más amplias en contra de la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución, que se plasmará a partir de la elección de una Asamblea Constituyente tras las elecciones previstas para el próximo 11 de abril.
El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de los Carabineros, ha sido objeto de análisis y críticas en este último año, especialmente por los posibles excesos cometidos en sus intervenciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
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