Un tribunal de La Paz ha decidido este lunes anular el proceso penal que investigaba al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), así como a algunos de sus ministros, por un supuesto fraude electoral cometido durante los comicios de 2019, en los que logró el triunfo con el 47 por ciento de los votos.
La magistrada anticorrupción Claudia Castro ha dispuesto «la suspensión del proceso penal y en consecuencia el archivo de actuaciones jurisdiccionales y fiscales», ya que «declara fundado el incidente de actividad procesal defectuosa en parte», según la resolución de la que se han hecho varios medios bolivianos.
Además de Morales, esta decisión, adoptada bajo la resolución 408/2020, ordena archivar la investigación contra el que fuera vicepresidente Álvaro García Linera, y los antiguos ministros de Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Justicia, Héctor Arce, y de Gobierno, Carlos Romero, entre otros.
Castro ha argumentado su decisión en el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha sido capaz de resolver internamente si se produjo dicho fraude electoral, pero ha deslizado que Morales sí podría ser procesado en un juicio de responsabilidades.
La denuncia fue presentada el pasado 23 de noviembre por el también expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005), tras su derrota en aquellas presidenciales, cuyos resultados no fueron reconocidos por la oposición, así como una parte de las Fuerzas Armadas, agentes extranjeros y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), forzando a Morales a abandonar Bolivia.
Se trata de la segunda denuncia lanzada contra Morales que la justicia boliviana decide archivar, después de la de terrorismo y sedición presentada por el entonces Gobierno interino de Jeanine Áñez, tras el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre.
