«La militarización de la seguridad pública aplicada en México desde hace 20 años es una estrategia fallida, pues no ha reducido el crimen y la violencia en el país, en cambio, ha propiciado crímenes de derecho internacional», dice el documento de 60 páginas al que tuvo acceso esta agencia.
El objetivo de las recomendaciones es impulsar la implementación de un paradigma de «seguridad ciudadana» en el país norteamericano, sustentadas en el derecho internacional de los derechos humanos, con base en las preocupaciones y propuestas de organizaciones civiles especializadas en la materia.
El documento fue presentado en el marco de un conversatorio sobre seguridad civil titulado «el camino hacia la desmilitarización».
Junto con el informe, la filial mexicana de la organización internacional con sede en Londres lanzó la campaña «Seguridad Sí», con una petición de firmas con apoyos.
«Entre 2007 y 2024, al menos, 101.933 personas han desaparecido y 452.254 han sido asesinadas, entre ellas 49.100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente», detalla el informe.
NUEVO LLAMADO AL ESTADO
Las recomendaciones tienen como premisa que la seguridad pública debe poner en el centro a las personas y sus derechos humanos, dijo en la presentación la directora ejecutiva de la sección mexicana de AI, Edith Oivares Ferreto, al hacer un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso.
«Desde hace dos décadas Amnistía Internacional ha advertido a los sucesivos gobiernos mexicanos sobre los riesgos de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, hoy hacemos un nuevo llamado, esta vez a la Presidenta y a las personas legisladoras, para que analicen los principios y las recomendaciones», dijo Olivares Ferreto.
La defensora de víctimas de abusos recuerda que de manera reiterada la organización ha advertido que la formación de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo derrotar a un enemigo y que éstas carecen de la formación y capacitación para abordar conflictos de seguridad pública.
«Esto se demuestra con hechos lamentables como la muerte de una enfermera, a manos del Ejército, y de una niña, por elementos de la militarizada Guardia Nacional, ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas (noroeste), los días 11 y 12 de octubre de 2024», indicó la responsable de AI.
La organización fundada en 1961 advierte que la militarización aborda la seguridad pública con una lógica similar a un conflicto armado por lo que privilegia el uso de la fuerza letal sobre otros medios, en lugar de buscar soluciones duraderas.
«La militarización ha propiciado crímenes de derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por las instituciones de seguridad y defensa, lo que impacta sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad», denunció Olivares Ferreto.
Consideró urgente romper con el «paradigma militar» en seguridad pública y voltear la mirada a las políticas de seguridad ciudadana para combatir la criminalidad y la violencia.
«No podemos ni debemos acostumbrarnos a la presencia de militares en las calles del país y mucho menos a más muertes de personas inocentes a manos de las Fuerzas Armadas», puntualizó.
La decisión de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública contraviene, además, obligaciones internacionales de México, como una sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado Espinoza de noviembre de 2018.
La sentencia «advierte claramente que la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana debe ser de manera extraordinaria, subordinada y regulada y fiscalizada por la autoridad civil, lo que no ocurre a cabalidad actualmente».
Las propuestas dirigidas a los poderes Ejecutivo y Legislativo recomiendan cumplir con el plazo establecido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, de acuerdo con el cual para el año 2028, las Fuerzas Armadas no deberían participar más en tareas de seguridad pública.
Otra recomendación considera reformar la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza para que esté efectivamente alineada con los estándares y las sentencias de la Corte Interamericana.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos citada en el informe, desde 2019 hasta agosto 2024 dicha instancia recibió 1.893 quejas en contra de la Guardia Nacional y 2.279 en contra de la Defensa Nacional, contra actos de privación de la vida; tratos crueles, inhumanos o degradante, tortura, y detenciones arbitrarias.
