A través de una misiva enviada el lunes, el grupo de demócratas ha denunciado la «violencia indiscriminada» y el «uso constante y excesivo de la fuerza» para reprimir las protestas de quienes exigen elecciones anticipadas, la salida de la presidenta Dina Boluarte, la liberación del expresidente Pedro Castillo y la creación de una asamblea constituyente de cara a modificar la Constitución.
En ese sentido, la veintena de demócratas que firman la carta piden al presidente Biden que denuncie públicamente «las continuas violaciones contra los Derechos Humanos» y presione al Gobierno de Perú para que respete el derecho a la legítima protesta pacífica y al debido proceso.
Como consecuencia de este «empeoramiento» de la situación política, instan a Biden a suspender temporalmente todos los fondos de asistencia para la seguridad hasta comprobar que no solo ha acabado la represión, la cual ha dejado por ahora cerca de 60 muertos, sino que sus responsables rendirán cuenta por ello.
La carta destaca que las protestas, que comenzaron pidiendo la liberación de Castillo, se han extendido hasta reclamar «cambios políticos de gran alcance», destacando que quienes participan en ellas son «peruanos de bajos ingresos e indígenas de zonas rurales».
«Las fuerzas de seguridad peruanas han respondido a las protestas, en su mayoría pacíficas, con un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza», dice la carta, que menciona episodios como la «incursión violenta y arbitraria» en las residencias de estudiantes de la Universidad de San Marcos de Lima el 22 de enero.
«Una acción sin precedentes en la reciente historia democrática de Perú», que «subraya la urgente necesidad de una respuesta contundente por parte de Estados Unidos», se lee en una carta en la que si bien se reconoce la presencia de «un pequeño número» de violentos en las protestas, se reprocha a Boluarte no distinguir entre manifestantes e incrementar las tensiones tildando a todos de «terroristas».
Al mismo tiempo, han trasladado a Biden la preocupación entre quienes firman por la última reunión que mantuvo la embajadora saliente de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el anuncio de otros ocho millones de dólares para el programa de erradicación de coca del Gobierno peruano, puesto que estos fondos financian «las fuerzas implicadas en las atroces violaciones de los Derechos Humanos que se están produciendo actualmente».
«Creemos que las acciones que proponemos enviarían una poderosa señal de apoyo a los derechos fundamentales y ayudarían a promover un compromiso efectivo para una resolución política», cierra la misiva.
