La organización advirtió que este tipo de señalamientos representan una grave amenaza para la libertad de prensa y atentan contra el derecho de la ciudadanía a estar informada.
El lunes, la presidenta Dina Boluarte denunció que tanto la prensa como el Ministerio Público estarían impulsando un “golpe de Estado blanco”, un término que hace referencia a una destitución sin el uso de las fuerzas militares. Esta acusación surge en el marco de investigaciones periodísticas que han revelado presuntos casos de corrupción en su administración, lo que ha motivado procesos judiciales en su contra.
En respuesta, la ANP calificó estas declaraciones como el ataque más grave contra los medios de comunicación desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022.
“El periodismo tiene el deber irrenunciable de investigar y denunciar posibles actos de corrupción, especialmente cuando involucran a quienes ejercen funciones públicas o a su entorno cercano. Pretender descalificar esta labor constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada”, señaló el gremio en un comunicado
Según la ANP, en lo que va del 2024 se han registrado 392 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el país, la cifra más alta en lo que va del siglo XXI. Esto supera los 352 casos en 2023 y los 303 de 2022, lo que demuestra una tendencia preocupante de hostigamiento y persecución contra la prensa.
Los ataques provienen principalmente de funcionarios del Ejecutivo y Legislativo, así como de personas allegadas al Gobierno. Entre las agresiones documentadas se incluyen:
Diversas organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la creciente presión gubernamental sobre el periodismo en Perú. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han instado al Gobierno peruano a garantizar un entorno seguro para el ejercicio periodístico.
El incremento de los ataques contra la prensa y las acusaciones de la presidenta Boluarte ponen en riesgo la democracia y la transparencia, según analistas y organismos de derechos humanos.
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