La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte
La CIDH ha expresado su preocupación «por los hechos violentos registrados en las protestas sociales realizadas entre el 9 y el 11 de diciembre en distintas regiones» y que han dejado al menos dos adolescentes muertos, más de 30 personas heridas entre manifestantes, periodistas y policías, y once detenidas.
«La garantía del derecho a la protesta pacífica demanda que ante hechos de violencia corresponde individualizar a las personas cuya actuación ponga en riesgo los derechos a la vida e integridad. El uso de la fuerza debe ser excepcional, legal, necesario y proporcional», recuerda la oficina del CIDH en un comunicado.
Así, tanto el CIDH como la Relatoría Especial del organismo para la Libertad de Expresión han hecho un llamamiento a las instituciones gubernamentales, así como al resto de sectores sociales, para «sostener un diálogo serio, amplio e inclusivo para afianzar la gobernabilidad, la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de Derechos Humanos».
Tras esto, la OEA se ha pronunciado en la misma línea a través de su secretario general, Luis Almagro, que ha indicado que se adhiere al comunicado de la Comisión Interamericana de DDHH.
«La violencia debe detenerse en Perú, la protesta pacífica debe ser asegurada y no es admisible la represión desproporcionada. Reiteramos la necesidad de diálogo», ha expresado Almagro a través de un mensaje en su perfil de Twitter.
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